Tras casi dos años sin que el Comité de Ministros se pronuncie sobre las reclamaciones presentadas en torno al proyecto HidroAysén, en las últimas jornadas la falta de definiciones ha vuelto a instalarse en la discusión pública. Aún sin fecha conocida ni un horizonte claro para que la instancia se reúna, a nivel gubernamental se ha señalado que la situación obedece a que uno de los socios del proyecto, Colbún, propuso en mayo pasado suspender en forma indefinida el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión de HidroAysén. Por parte del proyecto, en cambio, se ha respondido que dicho argumento no tiene base porque se trata de iniciativas separadas, a lo que se podría agregar la categórica afirmación del presidente de Endesa Chile en su carta a los accionistas en cuanto a que los plazos que definen las leyes son para cumplirlos.
De esta forma, un proyecto de inversión de miles de millones de dólares, que lleva muchos años sobre la mesa de discusión y que tiene un impacto significativo en una de las áreas más sensibles para el desarrollo económico, como la energía, sigue sin definiciones. Y lo que es aún menos auspicioso, a medida que progresan los meses y el país se interna en la dinámica electoral, no se vislumbra que el tema vaya a avanzar políticamente o, al menos, no es claro que vaya a abordarse al margen del fragor electoral.
Con todo, debe quedar establecido que estas indefiniciones no son gratuitas para el país y que tanto la autoridad como la empresa no deben eludir el tema. La primera a la luz de los plazos que establecen las leyes y la segunda considerando los recursos disponibles, como podría ser la ley de silencio administrativo.