Foco en el comercio ambulante
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Los altos niveles de informalidad son una característica de las economías emergentes. Si bien en Chile aún son comparativamente bajos respecto de algunos países de la región, han ido creciendo a tasas aceleradas en los últimos años, especialmente de mano del doble shock del estallido del 18-O y de la pandemia del Covid-19 (así como del creciente influjo de inmigración informal).
A estadísticas como la menor proporción de empleos asalariados, con todas las coberturas que ello supone, se suman datos como el fuerte aumento del comercio informal visible en las calles de virtualmente todo el país. Una reciente encuesta de la Cámara Nacional de Comercio encontró que un 63% de los consultados estima excesivo el nivel de comercio ambulante en el país, y el 65% lo vincula con actividades ilegales. Peor aun, un 80% de los encuestados cree que hay mafias que sostienen dicho comercio, que además de inseguridad (en la venta final) y delito (en las cadenas de suministro), se asocia a otros problemas urbanos de orden, aseo y salubridad.
El enfoque debe ser “macro”, en el contrabando internacional, y “micro”, donde ocurre la venta ilegal final, que es la calle.
Se entiende que el fenómeno es alimentado por redes de contrabando de especies que hoy en día trascienden fronteras y operan con gran sofisticación logística e incluso tecnológica. Ello requiere necesariamente un enfoque igualmente transnacional, de ahí que haga sentido que la mencionada encuesta se presentara esta semana en un encuentro de cámaras de comercio de Perú, Argentina, Bolivia y Chile, reunidas en Santiago.
Por cierto que la mirada “macro” (transnacional) del problema debe complementarse con un enfoque “micro” (local) desde donde ocurre la venta ilegal final, que es la calle. Y aquí son los municipios los que deben mostrar esfuerzos proactivos y sostenidos que, en términos generales, se echan en falta. Sin duda un año de elecciones municipales brinda una oportunidad de impulsar este asunto con más fuerza en la agenda de discusión, como parte integral de un enfoque amplio de la seguridad ciudadana, pero también de la defensa de la actividad económica establecida y el respeto a las normas.
