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Alto contrasteUno de los varios cambios relevantes que enfrentará el proceso de elecciones presidencial y parlamentaria de noviembre próximo es la nueva ley de financiamiento, que debutó en las municipales, pero que ahora tendrá su prueba mayor.
Producto de los casos de irregularidades que afectaron a políticos y empresarios, las modificaciones legales introducidas han significado una transformación muy importante en la forma de aportar recursos a las distintas candidaturas y en la labor del Servicio Electoral (Servel).
La renovada normativa considera, entre otras cosas, un aumento en el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas, considerando los votos obtenidos en la última elección, y un incremento al final, de acuerdo a los votos conseguidos. También, una rebaja al límite de gasto electoral, la prohibición de aportes de personas jurídicas y la reducción del máximo de aporte de personas naturales. Estos últimos, deberán ser públicos y fácilmente consultables por la ciudadanía. Respecto de la propaganda, sólo se podrá instalar en espacios públicos permitidos por el Servel.
Expertos consultados por nuestro diario coincidieron en resaltar que la nueva ley deberá ser revisada una vez ocurridas las elecciones, pues preliminarmente ya aparecen algunos vacíos y eventuales errores que deberán corregirse. Uno de los aspectos que preocupa es una cierta desventaja en la que quedarían los nuevos postulantes respecto de quienes van a la reelección.
Regular el financiamiento de la política y hacerlo más transparente es un avance inestimable, que se valora. Las elecciones que vienen serán un buen test para determinar si se requieren perfeccionamientos.
