La polémica con que han progresado los acontecimientos en torno a los resultados del Censo 2012 (y que culminaron con la salida del director del Instituto Nacional de Estadísticas), sumada al debate metodológico respecto de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), han conformado un complejo cuadro que deja en una posición de debilidad tanto a la institución como a la confiabilidad de parte de la información que provee al mercado.
Si bien lo ocurrido con el Censo y la discusión sobre el IPC son cuestiones de naturaleza completamente distinta, resulta inevitable que para la opinión pública lo ocurrido sea sinónimo de irregularidades, por más que finalmente se termine concluyendo que en el origen ha habido malas decisiones, descuido, negligencia y no dolo, como se asegura.
Las autoridades deben proceder en este tema con celeridad y energía, aunando visiones con quienes dentro y fuera del INE han cuestionado su desempeño reciente. La confianza y la reputación son activos difíciles de conseguir y que, sobre todo, no es fácil recuperar o reparar una vez que han sido dañados. Esta entidad juega un papel clave en la provisión de información tanto para el diseño de políticas públicas como para la toma de decisiones privadas, razones de sobra para que los actores involucrados emprendan las acciones que sean necesarias para restablecer las confianzas. Chile se ha preciado por años de sus instituciones, un atributo que distingue al país a nivel internacional y que ha sido arduamente construido en las últimas décadas con el aporte de políticos y técnicos de todos los sectores de la sociedad.