Estabilidad

Ante los prolongados cortes de electricidad, el Presidente Gabriel Boric anunció ayer que instruyó a su ministro de Energía explorar todas las opciones sancionatorias contra las empresas de distribución y, en particular, revisar la concesión de Enel, dada la profundidad de los apagones y el extenso tiempo que ha tomado la reposición del servicio.

El mandatario aseveró que “empresas como Enel han buscado ahorrarse plata cuando hay gente que todavía está sin luz en las calles”. Hasta ayer a primera ahora, la SEC informaba que había más de 80 mil clientes sin suministro de electricidad en la Región Metropolitana y otros 45 mil entre La Araucanía, Biobío y O’Higgins. La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, declaró además que el organismo detectó serias imprecisiones en la entrega de información sobre el número de clientes afectados y los sectores que permanecían a oscuras, y dio a entender que las faltas tienen carácter de reiteradas.

Es a los organismos técnicos y reguladores a los que corresponde determinar eventuales sanciones ante la crisis del suministro eléctrico.

La evidencia muestra que, a una semana de producida la emergencia, Enel ha tenido serias deficiencias para enfrentar la crisis y sus consecuencias. Ha faltado sentido de urgencia y comunicación oportuna, marco en el que el Gobierno no descartó caducar la concesión vigente.

Sin embargo, y aunque el Ejecutivo está en su derecho de recurrir a anuncios de este tipo, llama la atención que el Presidente de la República adelante juicios y acuse una conducta que podría revestir caracteres de delito, sin aportar antecedentes que confirmen la intención de la empresa en cuestión de “ahorrar” dineros, en medio de la emergencia climática. De las figuras presidenciales se espera que lideren procesos de cambio de largo plazo y que, en esa lógica, prescindan de polémicas circunstanciales más propias de otro tipo de autoridades de representación popular.

La reacción de solicitar desde la propia Moneda el eventual retiro de una concesión -a cualquier empresa- es una señal seria en un país donde son las instituciones colegiadas y mandatadas por ley las que deben cumplir las funciones de supervigilancia de los roles de distintos actores de la vida política, social y económica.Chile es reconocido por la estabilidad institucional y el respeto al Estado de Derecho y, en ese sentido, lo que corresponde es que los organismos técnicos, fiscalizadores y reguladores determinen las causas y responsabilidades de esta falla masiva y, luego, que la justicia determine las eventuales sanciones. Si bien la respuesta de Enel ha sido insuficiente, lenta e incluso desinformada, deben ser los organismos técnicos y jurisdiccionales los que decidan las mejores reparaciones, en el marco de la estabilidad del país.

Inquieta que salidas de este tipo puedan sentar precedentes para otras industrias también estratégicas y críticas, que requieren de un trabajo colaborativo con el sector público para asegurar a la ciudadanía los servicios que se les demandan.