Editorial

Empleos para una economía verde

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Desde hace décadas se viene proyectando que las tecnologías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero serán una fuente clave para la creación de empleos verdes de cara a una economía de transición energética. No obstante, existe una dimensión de esta realidad sobre la que no se suele debatir mucho, pero que es ineludible: la desaparición de plazas de trabajo asociadas a industrias y cadenas de valor que dependen completamente de faenas relacionadas con los combustibles fósiles y sus derivados.

Un estudio reciente del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, citado por DF la semana pasada, ofreció un panorama del comportamiento previsto para el mercado laboral en los próximos 20 a 30 años. Destaca, por un lado, que la pérdida de los denominados “empleos marrones” -aquellos con un impacto negativo sobre el medioambiente- afectará principalmente a hombres y a los segmentos de la población con menor preparación técnica y profesional.

La transición energética trae aparejada una ineludible pérdida de empleos asociados a los combustibles fósiles.

Asimismo, el estudio alerta que solo el 6,1% de los trabajadores de la industria asociada a los combustibles fósiles tiene empleos de alta calificación, en contraste con los sectores de empleos verdes y neutros, donde los porcentajes de trabajadores altamente calificados ascienden a 28% y 37%, respectivamente.

En consonancia con uno de los fenómenos más agudos de la actual administración -el aumento del empleo informal- el estudio revela que, a pesar del potencial que ofrece el mercado laboral sostenible, persiste una elevada precariedad, con una tasa de ocupación informal que alcanza el 35%. A esto se añade que más de 160 mil trabajadores del sector productivo ligado a los combustibles fósiles podrían ser eventualmente reemplazados por máquinas, lo que subraya la urgencia de renovar el liderazgo en la formulación y ejecución de políticas laborales, adaptadas a los desafíos tecnológicos emergentes.

Frente a estos retos -entre los que se incluye el estancamiento estructural del crecimiento económico a largo plazo- se torna evidente y urgente la necesidad de una profunda revisión de las políticas en materia de oferta, formación y calidad educativa, con el fin de alinearlas con las nuevas tendencias y exigencias del mundo que viene.

Un proyecto de país que busque promover un crecimiento económico sostenible, con un enfoque armónico en lo social y ambiental, no se logrará bajo el actual sistema educativo ni con el actual modelo de vinculación entre la industria y los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Para asegurar el crecimiento futuro, es imperativo identificar y apoyar liderazgos que pongan sobre la mesa aquellos temas que impulsen la visión de un país distinto de aquí a 30 años.

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