El sentido del ingreso familiar de emergencia

l Gobierno dio a conocer su proyecto de ley para apoyar a las familias más vulnerables, cuyos ingresos dependen fundamentalmente del mercado laboral informal, y por lo tanto no cuentan con la protección del seguro de cesantía. Se trata de una política muy esperada y necesaria, por cuanto desde el inicio de esta crisis quedó claro que esos serían los grupos más afectados en la actual crisis.

Con la ayuda de un comité de expertos, el Gobierno definió un monto de recursos que recibirían las familias del 60% más pobre, por un período de tres meses, y que sería decreciente en el tiempo. Así, por ejemplo, un grupo de cuatro personas del 40% más pobre del país recibirá un aporte adicional equivalente a $ 260 mil mensuales. Se estima que 1,78 millones de hogares recibirán el aporte, lo que equivale a unos 4,5 millones de ciudadanos, con un costo fiscal mensual cercano a US$ 300 millones. Es probable que luego de este plazo de tres meses, ese aporte deba ser destinado a planes de promoción de empleo, por lo que parece razonable que se haya establecido un plazo acotado.

Más allá de lo oportuna que resulta esta política, una vez que logremos superar esta compleja situación se deberían profundizar los esfuerzos en pro de una mayor formalidad laboral. Llama la atención que el desarrollo económico de la última década no haya ido acompañado de avances en esta materia, sino por el contrario, la informalidad ha tendido a aumentar. Es cierto que la robotización y el uso de plataformas pueden ser causas, pero también la rigidez de nuestra legislación laboral, que termina siendo un desincentivo al empleo formal. En estos años se ha ido encareciendo el costo de contratación, lo que se profundizaría si se establecen nuevos cargos de costo del empleador en materia de pensiones.

La situación actual permite ver con mucha claridad los elevados costos sociales de la informalidad. Es de esperar que se tengan en cuenta en la agenda futura de políticas públicas, y se busquen caminos que permitan que avancemos en políticas laborales pro formalidad. Sin duda, la reforma laboral de 2015 no lo fue.