Enmarcado en las elecciones presidenciales y de parlamentarios prevista para fines de año, este 2013 comenzó a dar muestras de que será un período altamente complejo para la tramitación de las leyes en el país. Así, el proyecto que envió la administración Piñera al Congreso para subir el salario mínimo desde $ 193 mil a $ 205 mil mensuales fue rechazado el miércoles pasado en la Cámara de Diputados.
Como esta semana es distrital, la iniciativa recién podría ser vista el próximo 2 de abril en el Senado. Y de ser aprobada, la definición final se trasladaría a la instancia de la comisión mixta en concordancia con lo que dicta la técnica legislativa.
Si esto último ocurre, no es descartable que el gobierno incluso deba ceder en su propuesta de reajuste de 6,2% de la referida remuneración e incrementarla en busca de los votos de apoyo, especialmente entre los parlamentarios de oposición.
Cualquiera sea la votación final, lo cierto es que el riesgo de politización de los proyectos de ley ya es un hecho. Y en lo que respecta en particular a la discusión del reajuste de salario mínimo no se evitó la discusión exacerbada que se reservaba para junio y, como corolario, tampoco se cumplieron con los tiempos más optimistas de tramitación. Más delicado aún, es posible que incluso las consideraciones técnicas en torno al tema ni siquiera jueguen un rol clave.
Dado este episodio, es deseable -aunque parezca ingenuo plantearlo- que gobierno y oposición procuren que los fines político electorales no empañen del todo un ejercicio donde se vislumbra la necesidad de avanzar en ciertos proyectos de ley relevantes para el desarrollo del país.