El Gobierno a mitad de mandato

El Gobierno que asumió el 11 de marzo de 2022, hace exactamente dos años, era distinto a sus antecesores desde el retorno de la democracia tanto por su composición como por su proyecto político.

En líneas generales, sus principales figuras -empezando por el Presidente Gabriel Boric- representaban la llegada a la primera línea del poder de una nueva generación, la más joven hasta ahora, nacida y forjada en las protestas estudiantiles de inicios de la década pasada, criada en democracia. Con relativamente poca experiencia política en su conjunto -salvo los líderes de esas protestas que luego ocuparon escaños parlamentarios por dos períodos-, casi ninguna experiencia ejecutiva de gobierno, y una base política centrada en nuevos partidos igualmente inexperimentados en el Congreso, comenzaba un nuevo ciclo político marcado por un clivaje generacional e ideológico respecto de las tres décadas previas.

Junto con ello, era justamente la crítica implacable (al punto de la demonización) de esos “30 años” anteriores lo que daba razón de ser al proyecto político del nuevo Gobierno y su coalición, relativizando o pasando por alto muchos de los enormes avances del país durante ese período en virtualmente todos los ámbitos.

La inexperiencia (a ratos inmadurez) se manifestó en numerosas decisiones erradas y posteriormente revertidas en diversos ámbitos, en disculpas públicas, y en polémicas no pocas veces resueltas con salidas de ministros y otras autoridades, a un alto costo político para el Ejecutivo.

El Gobierno y sus partidos deben entender que hacer cambios en su programa y buscar acuerdos con la oposición no significa transigir en sus convicciones, sino la inevitable adecuación a las reglas y principios del juego democrático, Hoy se percibe una mayor disposición a ello.

Animaba el discurso y la práctica del nuevo oficialismo un ímpetu refundacional que se manifestaba no sólo en una dura descalificación de los años de la Concertación, sino también en cuestionamientos a elementos clave del desarrollo de Chile en las últimas cuatro décadas en materia de apertura comercial, superación de la pobreza, desregulación de servicios clave y, sobre todo, de rol del Estado, en general descrito como insuficiente o inconvenientemente pasivo.

Ese espíritu se reflejó especialmente en el decidido apoyo -olvidando su deber de prescindencia- que el Gobierno le entregó al proyecto de la Convención Constitucional, un muy imperfecto documento que planteaba trastocar desde el sistema político y el modelo económico, a la integridad territorial y la justicia. Se reflejó, asimismo, en la presentación de reformas estructurales en áreas donde se necesitan (impuestos, pensiones, trabajo, salud), pero en un sentido frecuentemente opuesto a lo que se necesita en esos ámbitos, con propuestas de escaso sustento técnico, probadamente erradas, o políticamente inviables.

En cuanto a la inexperiencia (a ratos inmadurez), se vio reflejada en numerosas decisiones erradas y posteriormente revertidas en diversos ámbitos -seguridad, justicia, migración, política comercial-, y en polémicas no pocas veces resueltas con salidas de ministros y otras autoridades, a un alto costo político para el Ejecutivo. Las falencias de gestión -que incluyen faltas a la probidad en ciertos casos- han confirmado la arrogancia de sostener que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”, como hizo un exministro.

La contundente derrota de la primera propuesta constitucional, así como el duro y escaso avance de las principales reformas del Gobierno en el Congreso, han moderado en gran medida su agenda política. La derrota del segundo proyecto constitucional confirmó que el interés ciudadano está hoy menos en grandes redefiniciones “sistémicas”, y mucho más en una capacidad de gestión más efectiva, rápida y eficiente.

Los principales problemas que hoy preocupan a los chilenos -inseguridad, desempleo, acceso a vivienda, salud pública deficiente, migración ilegal, mala educación- no se abordan en lo esencial con drásticas reinvenciones institucionales o legales, sino con voluntad política, claras directrices de política pública y capacidad de gestión. Que este último factor vaya de la mano con una importante modernización del Estado es, justamente, el tipo de énfasis reformista que beneficiaría al país.

En lo económico, en tanto, la insistencia en cambios que cuentan con escaso apoyo político ha sumado a las incertidumbres de los actores económicos, justamente cuando el escenario a mediano y largo plazo se presenta muy complejo, por razones tanto coyunturales como estructurales.

Aun así, se percibe en el Gobierno un mayor sentido de realismo político que lo ha llevado a aceptar cambios en sus proyectos en aras de acercar posiciones y lograr acuerdos con sus opositores, como también a buscar apoyos en figuras con experiencia política y ejecutiva del período anterior. En la medida que entienda -y que también lo hagan sus partidos- que ello no representa transigir en sus convicciones ni abandonar su programa, sino la inevitable adecuación a las reglas y principios del juego democrático, aumentan las posibilidades de que la segunda mitad de este mandato se enfoque más en la gestión de la gobernanza, donde hay necesidades acuciantes.