Aunque el tema laboral es una materia de alto interés de los votantes, en esta ocasión en la campaña presidencial dichas propuestas han tenido un rol secundario. Lo anterior, en un contexto en el cual las cifras de los últimos años arrojan un elocuente saldo positivo, con más de 800 mil puestos de trabajo creados entre el primer trimestre de 2010 e igual período del año en curso; con una mayor presencia de trabajadores asalariados con contrato escrito y un positivo comportamiento de las remuneraciones reales (alza de 9,7%), entre otros.
No obstante, y dado que es previsible que sí se plantearán reformas a la legislación laboral, valga la prevención general de que dichos cambios debieran ser tratados con altura de miras y fuera del fragor de la batalla electoral, cuestión especialmente válida en materia de negociación colectiva.
Para lograr crecimiento y tener más herramientas para superar la pobreza se debe velar porque el objetivo del proceso negociador asegure una justa equivalencia entre remuneraciones y productividad, entendiendo que la distribución del producto entre quienes aportan trabajo y quienes aportan capital es bastante estable en el tiempo.
La naturaleza de la negociación debe radicarse en que los trabajadores agrupados en sindicatos o grupos negociadores hagan tal con su empleador, y el rayado de cancha contemple como piso la remuneración de un empleo alternativo y como techo la productividad marginal del trabajador o el costo de reemplazo. La capacidad de ejercer paralizaciones ilegales o el posible término del reemplazo de trabajadores en huelga tras 15 días, generarían un daño irreparable.