Michelle Bachelet y otros postulantes a las elecciones presidenciales del próximo mes han planteado la propuesta de crear una AFP estatal, en medio de un amplio debate sobre el monto de las jubilaciones que entrega el sistema de pensiones de capitalización individual vigente por más de tres décadas en el país. Entre los argumentos que se han escuchado para sumar un actor estatal a un negocio hasta ahora gestionado exclusivamente por privados se esgrime la necesidad de reducir las comisiones que cobran las AFP por la vía de introducir una mayor competencia, estatal, en este caso.
Varios expertos académicos y del mundo empresarial han hecho notar que se pueden estar generando falsas expectativas, dado que, si llegara a concretarse, probablemente no contribuiría a solucionar los problemas que se han planteado sobre el sistema, existiendo opciones -como por ejemplo las licitaciones de afiliados- que sí podrían conseguir resultados en lo referido a las comisiones. A lo anterior, por cierto, se suma la dificultad adicional que enfrentaría la creación de una AFP estatal en su tramitación en el Congreso, donde necesariamente requeriría de un quórum calificado que parecería muy difícil de obtener.