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Alto contrasteLa reciente aprobación del proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) viene a engrosar la lista de reformas profundas llevadas a cabo durante la actual administración. Como en otros casos, la propuesta legislativa se basó en diagnósticos poco realistas y algo exagerados que, en este caso, se fundaron en la percepción de que el servicio era “un león sin dientes”.
Los datos del propio servicio muestran, sin embargo, que prácticamente la totalidad de los reclamos son acogidos por las empresas -sobre el 90% en los últimos años- los que en gran parte se resuelven en favor de los consumidores. En este contexto, el proyecto de ley que fue presentado ante la Cámara de Diputados hace más de tres años debió considerar mejoras al sistema, más no necesariamente cambios tan controvertidos como los que se discutieron durante toda su tramitación.
Múltiples fueron las indicaciones que se le hicieron al proyecto inicial, lo que se tradujo en un proceso legislativo largo y complejo que, en última instancia, acogió algunas propuestas de perfeccionamiento. Sin embargo, el resultado final no logró suficiente consenso pues conservó su espíritu inicial, cual era concentrar en el Sernac excesivas atribuciones sin los contrapesos adecuados.
La nueva regulación ha generado múltiples cuestionamientos, sobre todo con la aprobación -con el mínimo de votos requerido- de la posibilidad de exigir indemnización por daño moral en los procedimientos colectivos. Ello importa una complejidad importante, no sólo por la dificultad práctica de su determinación, sino además porque podría elevar los costos a niveles insostenibles.
