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Alto contrasteEl Ministerio de Hacienda ha planteado la necesidad de crear una nueva institucionalidad para definir la propuesta anual de reajuste del salario mínimo, con el objetivo de disponer de una batería de parámetros técnicos que faciliten la posterior negociación parlamentaria, independiente del gobierno de turno. Si bien hasta ahora no se han aportado mayores antecedentes respecto de en qué consistirá dicha institucionalidad, es previsible que ésta vaya en la línea de formalizar la figura de la comisión asesora de salario mínimo que conformó este gobierno al inicio de su administración.
A nivel de intenciones, como entonces, ahora no puede sino apoyarse la decisión de formalizar una institucionalidad que fortalezca que en la fijación de este “precio mínimo” de la economía primen consideraciones técnicas, como las previsiones de inflación en doce meses, la productividad de la fuerza de trabajo, las condiciones de empleo y el ciclo económico.
El salario mínimo, una bandera de lucha muy utilizada en la arena política, en especial en períodos electorales, es un factor que pega con especial fuerza a la vasta base de pequeñas y medianas empresas del país. Se trata de un sector que si bien representa cerca de un 80% del empleo, ha visto decrecer su importancia relativa en el PIB en los últimos años y para el cual los costos (laborales, financieros y otros) son decisivos en su viabilidad. De esta forma, si se establece una institucionalidad que tenga el aval de una ley se estará neutralizando un factor de incertidumbre que algunos en ocasiones buscan rentabilizar políticamente a costa de quienes tienen menos poder de negociación.
