Cortocircuito

Hasta el mediodía de ayer, más de 200 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico, la mayoría en la Región Metropolitana, tras los masivos cortes de luz que provocó el temporal de viento y lluvias en la madrugada del pasado viernes. A las críticas de los afectados contra las empresas de distribución, se sumaron autoridades y una treintena de alcaldes de todos los sectores políticos, advirtiendo posibles demandas colectivas. En la misma jornada, la SEC comunicó multas por casi $ 4 mil millones a Enel -la empresa que acumula más fallos- por la interrupción del servicio durante mayo, mientras que el ministro de Energía anunció la formulación de nuevos cargos por lo sucedido durante el fin de semana.

La respuesta a los fenómenos climáticos extremos debe ser sistémica, más aún cuando éstos ya no parecen ser excepcionales. 

Hay consenso en que ha habido problemas en la calidad y oportunidad de entrega de información por parte de las firmas eléctricas y, también, en que en muchas zonas los plazos de reposición han superado lo tolerable, con familias que suman ya cuatro días sin electricidad y que no tienen certezas de cuándo se repondrá el suministro. La norma que establece compensaciones tras nueve horas continuas sin abastecimiento no es un alivio y, de hecho, el rango está lejos del aplicado en los países más desarrollados, donde el límite es una hora.

Sin embargo, tras 2.000 árboles caídos y 400 postes en el suelo, como consecuencia de las lluvias y ráfagas de viento que superaron los 120 kilómetros por hora, no puede adjudicarse responsabilidades a un solo actor. Los tres eventos más catastróficos que ha enfrentado el sistema han sido el terremoto de 2010, la nevazón de 2017 y el temporal de este fin de semana, que según los expertos ha sido el de mayor impacto.

La respuesta a los fenómenos climáticos extremos debe ser sistémica, más aún cuando éstos ya no parecen ser excepcionales. El principal motivo de los últimos cortes de luz fue la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, materia en cuya mantención deben colaborar tanto las empresas distribuidoras, como las municipalidades y los propios vecinos. El sistema en su conjunto presenta deficiencias, con una regulación y normativa que no responden a las exigencias que impone la crisis ambiental para la operación de industrias críticas.

A la falta de modernización en el cálculo de tarifas, se suman iniciativas fallidas, como los medidores inteligentes que no se implementaron por las críticas a su costo, pero que de haber funcionado habrían posibilitado un mejor monitoreo de la crisis. La estabilidad y disponibilidad permanente de la energía eléctrica es un avance tecnológico esencial, sin embargo, no es gratuito y requiere de inversiones permanentes e innovaciones que den resiliencia al sistema ante incidentes climáticos cada vez más intensos. Si todos quieren soluciones, pero sin aportar lo que es necesario, estaremos ante un cortocircuito imposible de superar.