Caso “Convenios”: el aporte de la sociedad civil en perspectiva

La noticia sobre los convenios firmados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación “Democracia Viva”, estrechamente vinculada al partido Revolución Democrática y sin experiencia previa en vivienda, ha generado un debate acerca de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil, además de un escándalo político que ya involucra cambios de autoridades y anuncios de querellas por posible corrupción.

Atendido que el giro original de la fundación era el trabajo territorial de tipo político, hay indicios de que las autoridades del Ministerio de Vivienda instrumentalizaron a una organización de la sociedad civil para hacer política partidista, a lo que se suman los eventuales delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco que están siendo investigados por el Ministerio Público.

Esta situación empaña la valiosa contribución de la sociedad civil como colaboradora en la implementación de políticas públicas, lo que es lamentable.

Lamentablemente, esta situación empaña la valiosa contribución que la sociedad civil realiza como colaboradora en la implementación de políticas públicas, más aun cuando hay indicios de que podría haber casos similares en otras regiones. En Chile, según un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, existen más de 30 mil fundaciones que reciben, en promedio, un 41% de financiamiento estatal, mientras que el resto proviene de recursos propios o donaciones. De este modo, movilizan más recursos de lo que el Estado podría recaudar.

Además, estas fundaciones demuestran capacidad en innovación, presencia territorial y compromiso, lo que las convierte en socios efectivos en lugar de simples contratistas del Estado en la tarea de satisfacer las necesidades sociales.

No obstante, este escándalo debe servir como una oportunidad para promover un acuerdo de modernización del Estado, tanto a nivel central como municipal, en su relación con las fundaciones. Es necesario mejorar la asignación de recursos, fortalecer la fiscalización de las fundaciones que tienen convenios con el Estado y desarrollar mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre los recursos recibidos.

Esto permitirá garantizar una colaboración transparente y eficiente entre el Estado y la sociedad civil, en beneficio de la ciudadanía y el cumplimiento de los objetivos comunes.