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Alto contrasteDesconcierto, desazón y desconfianza generó la noticia conocida esta semana relativa a que la totalidad de los servicios públicos evaluados por su gestión en 2016 recibieron el 100% del bono de desempeño previsto en el sistema de evaluación.
En efecto, la Dirección de Presupuestos (Dipres) informó este “histórico” resultado obtenido al alero del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), el cual está próximo a cumplir dos décadas y que evaluó a 128 instituciones y más de 100.000 funcionarios de planta y a contrata, en variables como seguridad de información, equidad de género, gobierno electrónico, descentralización, acceso a información pública y compras públicas, entre otros.
El tema ha generado controversia y requerimientos de mayores antecedentes a las autoridades con el fin de juzgar si el instrumento efectivamente cumple una función en orden a introducir un sistema de incentivos que se traduzca en justas recompensas a quienes dentro del aparato público logran avances efectivos en calidad de servicio y gestión administrativa.
La discusión generada en distintos ámbitos no carece de bases, habida cuenta de que al interior del propio Ministerio de Hacienda y la Dipres existe la convicción de que “los incentivos al desempeño institucional tienen que ser objeto de un rediseño profundo”, como lo afirmó a DF el coordinador de Modernización del Estado, Enrique Paris, a fines del mes de julio. Dicha convicción debe traducirse impostergablemente en acción, no sólo por el imperativo moral de hacer un buen uso de los recursos que aportan todos los chilenos, sino que también porque éstos serán quienes experimentarán los beneficios de una mejor operación del Estado.
