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Alto contrasteEl criminal atentado terrorista registrado este lunes es un hecho de la mayor gravedad que exige una respuesta firme, oportuna y coordinada que permita despejar a la brevedad no sólo la sensación de inseguridad que puede estar experimentando parte de la población, sino que también cualquier atisbo de desconfianza en la capacidad de las instituciones de prevenir, perseguir y sancionar este tipo actos aberrantes.
El ataque ocurrido es imposible de leer sin tener a la vista la larga lista de hechos criminales verificados en los últimos años en donde la colocación de un artefacto explosivo que afortunadamente no detonó en el metro, se inscribía como uno de los más alarmantes del último tiempo. Si bien es entendible que procesos tan complejos en lo social, político y policial como el terrorismo no sean abordados en forma precipitada y desprolija, la sociedad tiene el derecho de pedir que su vida progrese con un mínimo normalidad y seguridad y que, claro está, se castigue con el mayor rigor posible a quienes no trepidan en dañar y hasta producir la muerte a inocentes.
Más allá de que en la forma en que se aborde y resuelva (o no) estos hechos hay responsabilidades de alcance político para quienes tienen a su cargo la seguridad ciudadana, hoy el país no debe entrar en una dinámica de cálculos de corto plazo. La mejor señal que pueden dar las instituciones es la de una acción unida y efectiva que permita desactivar esta amenaza tanto en el corto como en el largo plazo y sentar las bases de un sistema de prevención, persecución y castigo eficaz. La confianza pública y la imagen internacional de Chile así lo exigen.
