Ley de Presupuestos: balances y avances

En la Comisión Asesora Ministerial que me correspondió presidir, junto a destacados profesionales, dedicamos un tiempo no menor al análisis de la Ley de Presupuestos y ciertas prácticas bien asentadas en nuestras instituciones, como establecer regulaciones, excepciones y contraexcepciones en las glosas y no en el articulado, o establecer transferencias directas con nombre y apellido a ciertas instituciones u organizaciones, con poca fundamentación de esto. Por esto, hicimos varias recomendaciones que apuntaban a una regulación que redujera la discrecionalidad en la asignación de recursos o convenios; que promoviera la competencia y diera garantías al Estado; que las reglas generales y normativas se encontraran en el articulado de la Ley de Presupuestos y no en las glosas; que se revisara y mejorara la forma de clasificar el presupuesto, para darle un mejor seguimiento y comparar peras con peras, entre algunas más.

“Probablemente no tendríamos un caso Democracia Viva o Lencería si estas reglas hubieran estado vigentes. Sin embargo, debemos avanzar hacia un marco general permanente ya que la Ley de Presupuestos solo rige para el año que fue aprobada”.

Afortunadamente podemos decir que mucho de esto fue recogido. De este modo, para el año 2024 contamos con un cambio de reglas relevantes: se termina con las asignaciones directas a excepción de las que estén explícitas en la ley; el concurso será obligatorio para todas las transferencias -salvo excepciones calificadas, como emergencias, para procurar la eficiencia y eficacia de la acción pública; se deberá usar el Sistema de Rendición de Cuentas de Contraloría; se prohibe por ley el fraccionamiento de convenios; se regulan a través del articulado de la ley, y no mediante glosas, las transferencias al sector privado;  se establecen obligaciones de garantía y de experiencia previa; así como cumplir con ciertos hitos para ir realizando las transferencias. Así, se realizan más de 600 cambios en las glosas, redirigiendo al articulado principal y se limitan las excepciones legales y elimina las asignaciones directas mediante glosa.

Esto no solo aplicaría a nivel central sino que también a los Gobiernos Regionales -recordemos que hay investigaciones por posibles irregularidades en 11 de 16 regiones- de modo que se les aplicará la norma general de concursabilidad, incluyendo al programa del 8% para actividades de apoyo a la comunidad, el que tendrá excepcionalmente un porcentaje limitado para asignaciones directas.

Lo anterior son buenas noticias. Probablemente no tendríamos un caso Democracia Viva o Lencería si estas reglas hubieran estado vigentes. Sin embargo, debemos avanzar hacia un marco general permanente ya que la Ley de Presupuestos solo rige para el año que fue aprobada.

Muchas veces se indica que las prácticas e instituciones informales son más difíciles de cambiar que las leyes e instituciones formales. Lo anterior es una demostración de que la voluntad política es un gran motor y que permitió dar señales concretas y cambios de prácticas e inercias con miras a reducir la discrecionalidad en nuestro país y fortalecer la necesaria alianza público-privada en la entrega de bienes y servicios públicos.