Vivienda: lo que nos advierte la Casen

Marcela Ruiz-Tagle O.

Si bien la encuesta Casen tiene como objetivo principal proporcionar una radiografía detallada de la situación socioeconómica del país -identificando desigualdades y así apoyar la formulación y evaluación de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población-, la forma en que se estructura permite una mejor comprensión de las dinámicas sectoriales en los ámbitos de educación, empleo, salud y vivienda. En el contexto actual de déficit habitacional y restricciones crediticias, la información provista resulta particularmente relevante en el caso de la vivienda. A modo de ejemplo, respecto de la condición de tenencia de vivienda, 61% de las familias declaran ser propietarias y un 20% arrendatarias.

Si bien ello no es una sorpresa en un país en que históricamente la política habitacional ha promovido la propiedad, la apertura de los resultados a nivel regional evidencian diferencias significativas. En las regiones de Iquique, Antofagasta y Metropolitana el porcentaje de arrendamiento fluctúa en torno al 30%. ¿Qué está pasando en estos territorios? ¿Son las preferencias de las familias, condiciones de mercado, restricciones regulatorias, o una combinación de las anteriores?

“La dinámica de precios del sector vivienda, dado el déficit habitacional existente, amerita que las autoridades prioricen la actualización de los planes reguladores”.

La propia Casen permite ahondar en este análisis al comparar las respuestas de las preguntas relativas al monto de arriendo efectivamente pagado y el monto estimado de arriendo de viviendas similares en el sector en que habita el encuestado. Los resultados evidencian que en estas regiones, así como en la zona extrema de Magallanes, existe una percepción de presión de costos de arriendo latentes que fluctúa en torno al 50%, cifra significativamente mayor al promedio país, en cuyo caso se sitúa en 24%.

Y si sólo se compara el arriendo efectivamente pagado con los ingresos provenientes del trabajo, se observa que este fluctúa entre el 30% al 36% de los ingresos de los hogares, lo que evidencia la importancia que tiene para las familias la evolución de estos precios y las dificultades que enfrentan los nuevos hogares.

La dinámica de precios del sector vivienda, dado el déficit habitacional existente, amerita que las autoridades sectoriales y regionales prioricen la actualización de los planes reguladores, así como políticas habitacionales que faciliten la generación de una mayor y diversa oferta de viviendas, y de esta forma incidiendo en mitigar el alza en el precio del suelo y la presión que ello impone en los precios finales, lo cual se ha dado en mayor medida en las regiones mencionadas.

Ello debiera, idealmente, ser complementado con una mejora metodológica en la imputación del costo de arriendo en la nueva canasta del IPC anunciada por el INE para enero de 2024 que incluya, entre otros, el tamaño, distribución geográfica y estratificación por zonas, así como criterios de reemplazo y renovación muestral, aun cuando ya sabemos que esta continuará sin tener representación regional.