Una oposición seria

Luis Larraín

Por estos días cuesta tomarse al gobierno en serio. A partir de las revelaciones sobre millonarios traspasos fraudulentos de fondos fiscales a la fundación Democracia Viva desde el ministerio de Vivienda, el gobierno de Gabriel Boric se encuentra en una situación muy delicada. Ha perdido gran parte de su poder y todo su prestigio.

Los partidos que apoyan al Gobierno ejercen vetos sobre el Presidente: los comunistas a Patricio Fernández como asesor de la conmemoración de 50 años del golpe militar; los socialistas a la obvia salida del ministro Carlos Montes, quien ha visto pasar bajo sus narices varios miles de millones de pesos sin siquiera pisparlo; y el Frente Amplio a la remoción del ministro Giorgio Jackson, líder de Revolución Democrática, partido que ideó el mecanismo de vaciamiento fiscal en favor de sus militantes y amigos bajo la inspiración del español Iñigo Errejón, de Podemos. El mecanismo ideado para sustraer fondos públicos abarca a nueve regiones del país y no se limita a Revolución Democrática, alcanzando a otros movimientos del Frente Amplio que están bajo sospecha e incluso a amigos personales del Presidente Boric. Las explicaciones del Mandatario acerca de la fecha en que conoció los hechos son erráticas y la indignación de los chilenos por la utilización de fondos destinados a pobladores vulnerables para enriquecer a políticos crece. Serán el Ministerio Público y la Contraloría quienes estarán bajo escrutinio de la ciudadanía, que evaluará si estas instituciones funcionan en defensa de los intereses de los chilenos.

“El Gobierno aparece completamente debilitado para conducir el país. Un Ejecutivo de administración es lo que necesita Chile y la oposición debe estar a la altura de sus fueros y exigirlo”.

Así, el Gobierno aparece completamente debilitado para conducir el país. Recordemos que luego de la violencia del 18 de octubre, durante el gobierno de Piñera, asistimos a una degradación de las instituciones democráticas. La pregunta relevante para la política, entonces, es si podemos tomar en serio a la oposición, de manera que su actuación conduzca a completar el período presidencial en un ambiente de paz social y con el mínimo daño posible a la economía familiar.

Los partidos de oposición deben preocuparse de sacar adelante la agenda acordada entre los líderes del Congreso y el Gobierno en materia de seguridad y no ceder ante el Partido Comunista, que discrepa de su contenido. Proteger a la población de la delincuencia es la primera prioridad.

En materia económica y social se debe persistir en el rechazo a la reforma tributaria, camuflada ahora bajo el rótulo de pacto fiscal, pues resulta tragicómico dotar al Gobierno de más recursos para que se usen como ya sabemos. Alguna adecuación, acotada, podrá hacerse al presupuesto fiscal para lograr metas específicas y sancionar con mayor dureza las transgresiones a la probidad.

En materia de pensiones, es inconcebible que parlamentarios negocien con la ministra comunista para destinar cotizaciones adicionales a un esquema de reparto y con administración de fondos adicionales preferentemente por el Estado. La aprobación de la PGU permite ajustes puntuales a la legislación para mejorar las pensiones de algunos grupos y aumentar las cotizaciones de otros, como ya lo han planteado parlamentarios de oposición. La ley corta de ISAPRES, paradojalmente, en lugar de ayudar a resolver el problema de solvencia de estas instituciones lo agrava, de modo que habrá de acordarse algún mecanismo que permita a sus tres millones de afiliados mantener una cobertura adecuada de su salud.

Un gobierno de administración es lo que necesita Chile y la oposición debe estar a la altura de sus fueros y exigirlo.