Un impulso al empleo femenino y juvenil

RICARDO RUIZ DE VIÑASPRE

Entre 2020 y 2021, y debido al fuerte impacto de la pandemia en nuestro mercado laboral, se crearon cuatro subsidios de emergencia para aumentar el empleo formal en el país. Estos instrumentos -los cuales se sumaron a los ya existentes subsidios al empleo joven (SEJ) y Bono Trabajo Mujer (BTM)- ayudaron a crear más de un millón de empleos.

Hoy, y con el objetivo de seguir generando nuevos puestos de trabajo, se torna relevante continuar mejorando los subsidios de empleo, sobre todo en los jóvenes y mujeres. Esto, porque los jóvenes tienen un desempleo 2,5 veces mayor, una tasa de participación laboral que es menos de la mitad y una informalidad 12 puntos superior a los adultos. Por su parte, las mujeres ostentan un desempleo mayor y una tasa de participación que es 20 puntos menor a los hombres.

“Aunque el desempleo debe abordarse con un conjunto de políticas públicas, tiene cierta urgencia incorporar modificaciones a los subsidios SEJ y BTM que permitan dinamizar el empleo de las mujeres y los jóvenes”.

Y si bien la solución pasa por un conjunto de políticas públicas, tiene cierta urgencia incorporar modificaciones a los subsidios SEJ y BTM que permitirán dinamizar el empleo para estos grupos.

Actualmente, estos subsidios entregan un aporte monetario a la empresa y al trabajador contratado. Los trabajadores deben estar dentro del 40% más vulnerable y tener rentas anuales que no superen los 6,4 millones. Lo anterior, si bien es coherente en términos macro, a nivel micro ofrece los siguientes grados de mejora.

Primero, ambos subsidios se actualizan sólo por inflación, lo cual los hace cada vez menos atractivos, pues el crecimiento de los salarios suele superar el aumento del IPC. Así, mientras el SEJ aportaba a la empresa, en sus inicios, el 10% del Salario Mínimo hoy sólo lo hace por el 3,3%. Es decir, el incentivo cayó res veces.

Un segundo problema consiste en la rigidez de estos subsidios, ya que todas las condiciones están fijas por ley. De esta forma, no es posible mejorar montos, vulnerabilidad o cantidad de pagos, ante un escenario macroeconómico adverso. De poderse, entonces nos permitiría enfrentar las crisis con mayor impacto, teniendo un subsidio más atractivo en tiempos recesivos y menos atractivo cuando el mercado laboral mejora.

Estos dos problemas son solucionables con un proyecto de ley que proponga: 1) mejorar los actuales pagos hacia las empresas y trabajadores; 2) que los salarios susceptibles del subsidio crezcan en la misma medida que el salario mínimo; y 3) que se puedan ampliar o reducir los grupos objetivo (incluso más allá de jóvenes y mujeres), montos de pago y vulnerabilidad, en función de la tasa de desempleo, entre otros indicadores laborales.

Claramente, esto conllevaría un aumento del gasto fiscal, el cual ojalá pueda ser financiado con recortes de otras partidas. Además, esto podría implicar una mejora en el indicador de desigualdad GINI después de impuestos (mayor impacto del Estado), pues serían ingresos que llegarían directamente a los trabajadores de menor empleabilidad.