Subsidio de Incapacidad Laboral: una reforma necesaria

Dr. Luis Castillo Fuenzalida y Dr. Nicolás Fernández Barra

Ante el escenario que enfrentamos en 2024, con el seguro público de salud (FONASA), destinando un 44 % (3.1 % del 7%) de las cotizaciones al pago de subsidios por incapacidad laboral (SIL), se hace evidente la urgencia de replantear la gobernanza de su operación. Este dato no sólo refleja una presión financiera insostenible sobre el sistema de salud, sino que también pone de manifiesto la necesidad crítica de revisar y reformar la forma de concebir este instrumento.

La sostenibilidad del sistema, la equidad en el acceso a las prestaciones y la eficiencia en el uso de los recursos son desafíos que debemos enfrentar con determinación y creatividad, buscando soluciones que garanticen el bienestar a largo plazo de todos los chilenos.

“Es necesario un organismo -autónomo y ejecutivo- encargado de la supervisión y regulación del SIL, que cuente con las herramientas y facultades necesarias para intervenir de manera oportuna y efectiva”.

Tal como se ha planteado en proyectos legislativos anteriores (2012), es vital considerar que del 7% de cotización individual, un porcentaje se destine al SIL, permitiendo que la mayor parte de esta vaya efectivamente a resolver los problemas de salud de los pacientes: prevención, promoción, atenciones médicas, cirugías, rehabilitación, etc.

La experiencia internacional demuestra que un sistema de salud robusto no sólo se basa en la generosidad de sus prestaciones, sino también en la capacidad de asegurar que estos recursos se utilicen de manera eficiente. Esto implica un seguimiento riguroso de ellos, así como también la implementación de sistemas de información y tecnología que permitan un control efectivo y en tiempos acotados.

En este sentido, ampliar y mejorar las funciones de los reguladores se torna urgente. Es necesario tener un organismo -autónomo y ejecutivo- encargado de la supervisión y regulación, que cuente con las herramientas y facultades necesarias para intervenir de manera oportuna y efectiva.

Otros aspectos críticos son la necesidad de cambiar la operación del subsidio, la incorporación de stop loss, un número de días máximo, incentivos a los funcionarios y a los empleadores. También se debe avanzar hacia la estandarización y protocolización de los días de reposo por diagnóstico, estableciendo un marco que determine de manera más objetiva el tiempo de descanso que un trabajador necesita tras sufrir determinada enfermedad o condición de salud. Finalmente, es fundamental sancionar el fraude previsional, especialmente el uso malicioso de licencias médicas; establecer mecanismos más estrictos para detectar y penalizar estas conductas es esencial para preservar la integridad y sostenibilidad del sistema.

En conclusión, la reforma del subsidio por incapacidad laboral en Chile es una necesidad urgente que requiere una acción decidida y coordinada de todos los actores involucrados, tanto del asegurador público como privado. Sólo así podremos asegurar un sistema de salud público robusto, sostenible y justo para todos los chilenos.