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Alto contraste
Boric
El presidente electo Gabriel Boric asumirá con el desafío de impulsar una urgente y largamente postergada reforma a la salud. Esto se da en un marco claro, de necesarios cambios estructurales, paso a paso, sin dejar a nadie a atrás. El acuerdo político, académico y social en la necesidad de avanzar hacia un Sistema Universal de Salud (SUS) es enorme.
Instituciones académicas de prestigio como la Universidad Católica, la Universidad de Chile y el Banco Mundial han generado recomendaciones para avanzar hacia un sistema de administración público de carácter universal, donde el acceso no esté determinado por la capacidad de pago. Entre la ciudadanía, un estudio realizado por Fundación Tribu y Stanford (2020) demuestra que un 80% de la población está de acuerdo con la idea de un Sistema Universal al que todos contribuyamos y al que todos podamos acceder en igualdad de condiciones, dejando a las ISAPRE como seguros de segundo piso.
Dos críticas infundadas, pero frecuentemente esgrimidas ante nuestra propuesta -tal como recoge Alejandra Palma, de LyD, en su columna publicada la semana pasada-, son que se afectará la libre elección de las personas y que la reforma sobrecargará un sector público que ya se encuentra bajo gran presión. Ni lo uno ni lo otro. Ambas se basan en ideas erróneas: por un lado, asumir que el SUS funcionará exclusivamente con hospitales y consultorios públicos; por otro, insistir en la caricatura de que todo el mundo estará “obligado” a atenderse en un lugar.
Parte fundamental del SUS será potenciar la capacidad del sector público, mediante un uso más eficiente de los pabellones quirúrgicos, incrementar la oferta de la atención primaria, entre otras medidas. Pero nada de eso implica que el Sistema Universal dependerá solo de prestadores públicos. Lo cierto es que hoy una parte importante de la población recibe atenciones del sector privado. Y lo seguirá haciendo. Sin ir más lejos, durante la pandemia hemos visto los beneficios de un funcionamiento integrado del sistema para las camas UCI. El acceso a prestadores públicos y privados está determinado por la necesidad, no la capacidad de pago. El Estado, a través del Ministerio de Salud y FONASA, actúa como articulador para garantizar el derecho a la salud.
Este mismo principio es el que rige a múltiples sistemas de salud en el mundo, como Australia, Canadá, Corea del Sur o Reino Unido. En cada uno de estos países existe una institucionalidad pública a cargo de administrar los fondos y coordinar el sistema de salud bajo lógicas de seguridad social. En todos participan actores privados, tales como clínicas o centros de salud, bajo lógicas públicas que cautelen el buen uso de los recursos.
Además, en cada uno de esos países existe libertad de elección. Bajo diferentes formas regulatorias, las personas pueden decidir dónde y con quién atenderse, al mismo tiempo que se protege que esa libertad no esté restringida, como lo está actualmente en nuestro país, a aquellos que tienen más recursos.
¿Nivelar hacia arriba? Sí. La reforma permitirá avanzar hacia un sistema que logre mejores resultados sanitarios, disminuya las injustas desigualdades, mejore la eficiencia del sistema a través de una mejor administración de los recursos además de incrementar la oferta de servicios de salud a toda la población, logrando que el acceso a salud esté determinado por una real necesidad y no por el tamaño de la billetera. Beneficios inmediatos serán mejores coberturas en medicamentos y un acceso más expedito a licencias médicas para toda la población. Una reforma que no deje a nadie atrás.
