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Alto contrasteSigamos mejorando nuestro sistema de defensa comercial
Álvaro Jana Abogado y Ex director general de Direcon
Chile es un país con una economía pequeña pero abierta al mundo, que desde hace muchos años ha mantenido una política comercial respetuosa de los principios, objetivos y reglas que inspiran, forman y promueven un intercambio de bienes y servicios libre y sin obstáculos proteccionistas. Uno en que las condiciones de competencia entre los bienes importados y los nacionales sean representativas de un comercio leal y justo.
Por estas mismas razones es que para un país como Chile -y para todos sus sectores productivos- es tan importante contar con un sistema de defensa comercial que le permita aplicar oportuna, adecuada y eficazmente medidas antidistorsiones compatibles con nuestros compromisos internacionales emanados tanto de los acuerdos de la OMC como de los preferenciales.
Uno de los compromisos presidenciales asumidos por el gobierno del Presidente Piñera consistió en fortalecer y mejorar la institucionalidad chilena en materia de defensa comercial. Lo anterior, a fin de dotar esta institucionalidad de mayor eficacia y oportunidad en sus investigaciones así como en la eventual adopción de medidas de salvaguardia, antidumping y compensatorias (anti subvenciones). Este compromiso se cumplió en muy buena medida y el resultado fue la dictación el año 2012 del nuevo Reglamento Antidistorsiones mediante el cual, no sólo se dio certeza normativa en la materia consolidándose y sistematizándose por primera vez las reglas aplicables, sino que además, se incorporaron mejoras orgánicas, procedimentales y sustantivas muy relevantes en el funcionamiento de la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas, su Secretaría Técnica y las medidas de defensa comercial en sí mismo.
Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Por de pronto, hay una serie de mejoras, también estudiadas durante el gobierno anterior que no se implementaron y que son materia de ley. Estas mejoras, entre otras, dicen relación con la sobrerepresentación que el Banco Central tiene en la Comisión, con cambiar la dependencia de su Secretaría Técnica desde el Banco Central a la Fiscalía Nacional Económica, con fortalecer la integración y funciones técnicas de esta Secretaría, con aumentar la vigencia máxima de las medidas antidumping y anti subvenciones del año máximo actual a un año renovable mientras se mantenga la distorsión que las justifica, con poder llegar con los exportadores involucrados en una distorsión a compromisos alternativos a la aplicación de una medida anti dumping o anti subvención, con instituir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como instancia revisora de ciertas decisiones de la Comisión.
Por lo mismo sería oportuno y muy positivo que el actual gobierno continuara con esta tarea tan relevante para un país abierto y desarancelizado como Chile, cuyos sectores productivos en consecuencia tienen legítimo derecho a exigir que la competencia con los bienes importados sea siempre sobre la base de precios de mercado y no de precios distorsionados.
