DF Tax | Royalty minero: una mirada hacia el futuro

Gloria Caro y Hugo Hurtado

Mucho se ha discutido sobre la necesidad de incrementar el royalty minero. A pesar de ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, una serie de parlamentarios presentaron mociones destinadas a aumentar la carga de ese tributo. Es así como en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que generaba una carga muy alta a la industria minera y que alejaba a Chile de estándares competitivos internacionales.

Considerando lo anterior, en el Senado se han propuesto modificaciones que buscan lograr una mayor recaudación por esta vía, pero sin impactar fuertemente la competitividad de Chile al momento de atraer inversiones. Las modificaciones propuestas establecerían un royalty conformado por la suma de un componente ad-valorem y otro sobre rentabilidad, aplicándose tributos más altos cuando el precio del cobre es mayor. Sin perjuicio de ser un proyecto mejorable desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que dice relación a la simplicidad en la aplicación del tributo, y a la subsistencia de un impuesto específico junto a un royalty minero que apuntan a gravar la misma actividad, parece ser un buen principio de acuerdo, teniendo presente la carga efectiva existente en otros países mineros como por ejemplo Perú, Canadá y Australia.

“Existen oportunidades de mejora del proyecto de royalty, apuntando a una tributación de la actividad minera simple de aplicar y administrar, con foco en el margen operacional antes que el precio del commodity producido, aumentando la recaudación sin afectar sensiblemente la competitividad de Chile a nivel regional y global, e incentivando procesos de producción limpia”.

Teniendo presente la multiplicidad de variables involucradas, hemos trabajado en un modelo que asume que una empresa chilena desarrolla el mismo proyecto en otros países y que el proyecto de ley en actual discusión es aprobado como ley, concluyendo que la tasa efectiva a nivel de industria se encontraría en el rango superior de la banda Australia 40% (Queensland), Canadá 40% (British Columbia), Chile 42% (proyecto Senado) y Perú 42,5% (incluyendo el impuesto de tasa 8% beneficio de participación a trabajadores).

Como señalamos, existen oportunidades de mejora del proyecto, apuntando a una tributación de la actividad minera simple de aplicar y administrar, con foco en el margen operacional antes que el precio del commodity producido, aumentando la recaudación sin afectar sensiblemente la competitividad de Chile a nivel regional y global, e incentivando procesos de producción limpia, es posible pensar en un royalty 2.0, que mantenga el componente ad valorem y mejore su componente sobre rentabilidad, utilizando el margen operacional como base de cálculo, adecuando el tramo base a un 30% y estableciendo un rango de tasas entre un 8 y 17%. De esta manera, nuestros cálculos muestran una mayor recaudación neta que en el año 2021 habría sido del orden del 0,4% del PIB.

“Es posible pensar en un royalty 2.0, que mantenga el componente ad valorem y mejore su componente sobre rentabilidad, utilizando el margen operacional como base de cálculo, adecuando el tramo base a un 30% y estableciendo un rango de tasas entre un 8 y 17%”.

Así, y considerando que nuestro sistema tributario ya contempla un impuesto específico a la renta operacional minera, parece razonable que sea un único instrumento el que grave dicha rentabilidad, lo que puede lograrse mediante adecuaciones relativamente simples como las que aquí proponemos, permitiendo aumentar la recaudación a nivel de industria en los niveles que el desarrollo del país demanda, sin sacrificar con ello la simpleza del sistema.

Considerando la mejora en los procesos productivos que demanda el planeta, creemos que esta discusión ofrece una oportunidad de incluir “incentivos verdes”, con el fin de promover inversiones que permitan disminuir el impacto ambiental que generan estos proyectos

Estimamos que estas ideas pueden enriquecer el debate ya iniciado en el Senado, que ha dado pasos en línea con lo que uno esperaría de nuestra clase política: llegar a consensos que velen por el mejor interés del país al largo plazo, aumentando la recaudación para solventar fines sociales, pero respetando la certeza jurídica y procurando impactar en la menor medida posible el crecimiento de la nación y de la propia industria que da origen a dicha recaudación fiscal.