Transferencia tecnológica, deber del Estado

Rodrigo León

El Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley sobre fomento a la transferencia tecnológica, el cual busca potenciar la generación de conocimiento destinado a solucionar problemas en la industria que puedan tener valor comercial.

La transferencia tecnológica surge principalmente en las universidades y centros tecnológicos, y luego se va potenciando en los departamentos de I+D de las empresas. En Chile se financia, principalmente, mediante programas gubernamentales de fomento. El rol de la empresa privada en I+D es incipiente acá debido, en parte, a la alta concentración económica, completamente adversa a la innovación.

La transferencia tecnológica es esencial, dado que nuestras sociedades son cada día más dependientes de la tecnología, desde software y las aplicaciones móviles, hasta medicamentos, nuevos materiales, alimentos, redes de transporte y sistemas de comunicación, entre otros. La sociedad actual no se explica sin la tecnología y el consumo, dos características que irán cobrando cada vez más relevancia como factores connaturales a las sociedades occidentales.

Esta relevancia no es simplemente económica, sino también política. El fomento de las nuevas tecnologías tiene, como rol fundamental, democratizar la economía permitiendo atacar comercialmente los grandes monopolios, que se basan en mantener un statu quo de tecnologías caducas u obsoletas. De ahí que la tecnología está en una relación directa con el emprendimiento y la innovación de calidad.

Por eso es tan importante que esta futura ley que se discute hoy asuma estas particularidades y no se centre en cuestiones meramente vinculadas al financiamiento, como fue el caso del pésimo precedente que dejó el gobierno con el art. 9 de la DFL que regula los programas Fondecyt, que concluyó que son un mero préstamo por parte del Estado y, por ende, sus recursos deben ser devueltos al Fisco y en algunos casos, incluso, la propiedad intelectual resultante debe pasar a ser propiedad estatal.

La filosofía del préstamo supone un error básico, que es ver al Estado como un financista de la innovación, tal como si fuera un derecho prestar dinero y no verlo como lo que realmente es: un deber y una obligación de apoyar el desarrollo del ecosistema de innovación chileno. La transferencia tecnológica es la continuación natural del deber del Estado de fomentar la educación. Nadie pensaría en exigirle a un niño que estudió en una escuela pública en Dalcahue que devuelva el dinero que el Estado destinó a sus estudios, simplemente porque sería absurdo.

La innovación es una inversión, no un gasto. La nueva ley de transferencia tecnológica chilena debería asumir como principio base que es un deber del Estado fomentar la innovación, la transferencia y la generación de emprendedores tecnológicos, y no verlo como un derecho del Fisco. El Estado está destinado a potenciar el bien común, y la transferencia tecnológica es hoy una herramienta esencial para la consecución de dicho bien.