Reglamento Uber: golpe al empleo (y al bolsillo)

Soledad Monge

En las próximas semanas se definirá el futuro de las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros (tales como Uber, Didi y Cabify) y el de sus socios conductores que actualmente operan en nuestro país. En esta línea, el Ministerio de Transporte deberá publicar, a más tardar el 19 de enero, la versión final del Reglamento que regulará los requisitos técnicos de operación de las referidas empresas. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio publicó en septiembre de este año borrador del Reglamento, que contempla un aumento en las restricciones al ingreso de nuevos socios conductores, junto a exigencias al tipo de vehículo a utilizar.

Dado lo anterior, las empresas de aplicaciones han intentado visibilizar los efectos de la aplicación del Reglamento con el objetivo de incidir en el texto final. Es así como la semana pasada, Uber inició una campaña en contra del borrador y mediante un correo a sus usuarios señaló que “el reglamento eliminará el 86% de los viajes de Uber”, debido a los requisitos que se añaden a la nueva Ley.

“Inevitablemente, las nuevas restricciones producirán una merma en la oferta del servicio y un incremento tarifario”.

Uno de los efectos potenciales que tendría la aplicación del borrador del Reglamento se circunscribe al mercado laboral. En esta línea, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, estimó que actualmente existen 106 mil personas proporcionando servicios de transporte mediante plataformas de movilidad, con una tendencia al alza en los últimos años, donde cerca del 90% se verían afectadas si se implementa el actual Reglamento. Es decir, inevitablemente las nuevas restricciones producirán una merma en la oferta del servicio y un incremento tarifario.

Estimaciones realizadas por Uber apuntan a que el alza en las tarifas sería de un 50%. De acuerdo con la última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, llevada a cabo entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el 13% de los hogares reportó haber utilizado algún servicio de transporte de pasajeros por medio de aplicaciones web. En promedio, las familias chilenas destinan cerca de $32.500 pesos al mes a esta modalidad de transporte, la cual representa una proporción significativa en la estructura del gasto mensual de los hogares independientemente del nivel de ingreso. Este monto es incluso superior al que registran las familias que utilizan transporte público en Santiago, por lo que el impacto del aumento en las tarifas es relevante y los hogares se verán afectados no sólo en lo referido a los tiempos de espera, sino que también en el gasto mensual que destinan al servicio.

En definitiva, esta medida aumentará el desempleo, generando un incremento aún mayor en la brecha con respecto a la situación pre pandemia, y, además los hogares se verán enfrentados a mayores precios, lo que se suma a un contexto de alta inflación. Por tanto, el Reglamento terminaría con la flexibilidad y dinámica existente en la oferta que permite obtener tarifas más bajas a los usuarios, en circunstancias que debería fomentar el ingreso de nuevos socios conductores.