DF Tax | La reforma tributaria debe esperar

Álvaro Moraga, socio de Moraga & Cía.

En su primera cadena nacional, el Presidente Boric nos convocó a construir juntos un “futuro esplendor” a través de medidas muy concretas, siendo la primera de ellas un nuevo pacto social que requería de un nuevo pacto fiscal que permitiera financiar las reformas de fondo comprometidas.

Semanas antes, el Ministerio de Hacienda daba cuenta del inicio de los diálogos sociales, “a fin de llegar a un pacto social” que incorporaría los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil, y que se sustentaría en 13 principios, dentro de los cuales destacan: justicia tributaria, estabilidad y certeza económica (N°2), fomento la inversión pública y privada, responsabilidad fiscal y justicia distributiva (N°3), certeza jurídica a los contribuyentes (N°4), transparencia y eficiencia del uso de los recursos públicos (N°5).

“El Congreso debe posponer cualquier decisión respecto a la reforma tributaria para después del 4 de septiembre, ya que sólo en ese momento se podrán dimensionar las reales necesidades que deberemos enfrentar como país. Ese será el verdadero momento del pacto social”.

Coetáneamente la Convención Constitucional terminaba su trabajo y daba a conocer el borrador de lo que será el proyecto de nueva Constitución, donde sólo los nuevos derechos sociales generan al menos 17 nuevos organismos, entre los que destacan: Consejo de Alcaldes, Consejo de Gobernaciones, Asamblea Social Comunal, Sistema Integrado de Suelos Públicos, Agencia Nacional de Aguas, Defensoría de la Naturaleza, Juzgados Vecinales, y varios más; a lo cual deben sumarse otras radicales modificaciones en: (i) el sistema político (donde se crean una nueva Cámara Única y una nueva Asamblea de las Regiones); (ii) el sistema judicial (donde aparece el nuevo Consejo de Justicia); y (iii) en el rol del Estado en materia empresarial (que se financia con deuda pública).

Semanas después, el Presidente mantuvo una serie de reuniones con empresarios en Canadá y Estados Unidos, donde el objetivo central de sus discursos fue insistir en que en nuestro país existe certeza jurídica para la inversión y responsabilidad fiscal, buscando con ello transmitir confianza entre los mismos inversionistas extranjeros que habían sido testigos de que en los últimos 2 años salieron de Chile US$24 mil millones, que es la cifra más alta desde que existen datos comparables (2003), lo cual es el natural resultado de la incertidumbre, política primero (estallido social) y jurídica después (retiros, nueva Constitución, royalty, reforma tributaria, de pensiones, etc.).

Lamentablemente, lo que menos puede exhibir Chile hoy, tanto interna como externamente, es certeza jurídica. Estamos a horas de conocer un proyecto de reforma tributaria que busca financiar sólo lo que este gobierno pretende hacer, y del cual se ha sabido sólo de aumentos de tasas, incorporación de nuevos impuestos, eliminación de exenciones, nuevo royalty y nuevas medidas anti-elusión, sin que se haya escuchado ni una sola alusión sobre nuevas medidas en pro del fomento a la inversión, de la estabilidad y certeza jurídica, de responsabilidad fiscal o de eficiencia en el uso de los recursos.

En este marco, el Congreso deberá hacer muy bien su trabajo y poner su foco en lo que es realmente importante, y que es exigir la incorporación de medidas que fomenten la inversión, que otorguen seguridad jurídica y, por sobre todo, de medidas estructurales que de una vez por todas terminen con el despilfarro (y la impunidad asociada) y garanticen el uso eficiente de los recursos públicos. ¿No es lógico partir exigiendo que se gaste bien lo que hay?

Por lo mismo, el Congreso debe posponer cualquier decisión respecto a la reforma tributaria para después del 4 de septiembre, ya que sólo en ese momento se podrán dimensionar las reales necesidades que deberemos enfrentar como país. Ese será el verdadero momento del pacto social. Pretender hacerlo antes, no tiene, ni futuro, ni esplendor.