¿Recuperación económica argentina impulsada por la inversión? Difícil

Benedict Mander

Desde que Alberto Fernández tomó el poder en Buenos Aires en diciembre y aumentó los impuestos sobre los bienes personales, los argentinos han estado sopesando los beneficios de emigrar para escapar de lo que muchos consideran impuestos confiscatorios. La tasa impositiva sobre los activos mantenidos en el extranjero actualmente es el doble de la tasa local —hasta un 2,5%—, que es el triple del gobierno anterior.

Cualquier éxodo de capital sería preocupante. El izquierdista Fernández tiene la esperanza de impulsar una recuperación liderada por la inversión que ponga fin a una recesión que va en su tercer año. La economía se contrajo alrededor de un 2% el año pasado, y en Argentina ha habido un escaso crecimiento durante la última década. Otro factor que empeora la situación es un inminente incumplimiento soberano de aproximadamente US$ 100 mil millones de deuda externa.

Los impuestos sobre los productos de la soja —la exportación más importante de Argentina— han aumentado del 25% al 30%, y se prevé que aumenten aún más, mientras que los del maíz y del trigo han aumentado del 7% al 12%.

Los argentinos adinerados como Marcos Galperín, el cofundador multimillonario del unicornio tecnológico Mercado Libre, la compañía más valiosa del país, ya se han ido. Las empresas también están posponiendo las decisiones hasta que se resuelva la potencialmente desordenada y prolongada reestructuración de la deuda. En los medios locales se ha reportado que compañías como Amazon, General Motors y Nike están congelando los planes de inversión. Algunas compañías están analizando si deben salirse de Argentina por completo.

Los sectores más competitivos del país, como los agronegocios y la energía — en los cuales el gobierno está confiando para que proporcionen las divisas necesarias provenientes de las exportaciones — se han visto afectados por mayores impuestos a la exportación y por los límites de los precios del combustible. Las medidas económicas implementadas por el nuevo gobierno, que buscan estabilizar una de las tasas de inflación más altas del mundo, incluyen fijar el tipo de cambio e implementar controles de capital más estrictos; congelar las tarifas de los servicios públicos; limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito; y reprimir las negociaciones salariales.

Los analistas están particularmente preocupados porque la brecha entre las tasas de cambio oficiales y las paralelas, la cual ha reaparecido desde la implementación de los controles de capital el año pasado, pudiera continuar ampliándose, alimentando aún más la inflación y finalmente resultando en otra devaluación.

Cada vez más, los inversionistas temen un desorganizado incumplimiento de deuda, dada la renuencia del gobierno a implementar medidas de austeridad que lo ayudarían a pagar sus deudas. Según los economistas, eso sería desastroso para la inflación.

Eso a su vez complicaría las relaciones con los sindicatos que luchan a favor de salarios más altos para los trabajadores cuyos salarios ya no están al día con la inflación. Los bajos salarios han llevado a que el consumo se desplome: la cantidad de personas que comen filetes en esta nación tan amante de la carne está en su nivel más bajo de los últimos 100 años.

Es imposible pronosticar cómo se desenvolverá el enfrentamiento entre Argentina y sus acreedores privados en relación con la deuda. Pero incluso si el gobierno tiene éxito, eso hará poco por solucionar los problemas económicos más amplios, como el bajo crecimiento, la alta inflación y una volátil tasa de cambio.