Preocupante descenso en atractivo minero de Chile

Para ser un Gobierno que llegó al poder hace un año con un discurso que llamaba a superar la “matriz extractivista”, el actual ha puesto especial empeño en impulsar políticas públicas que buscan sacar provecho, justamente, de la industria extractiva que apalanca los ingresos del Fisco, que es la minería.

Tanto el proyecto de royalty minero -que acaba de pasar la valla del Senado para ingresar a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados-, como la recientemente anunciada Estrategia Nacional del Litio, aspiran a que el Estado maximice el potencial de recaudación de la actividad minera. Si ambas políticas públicas son las más acertadas para favorecer el desarrollo del cobre y el litio es sin duda discutible -no faltan argumentos al contrario-, pero que el Estado tome distancia (al menos implícitamente) del prejuicio antiextractivista hace pleno sentido en una economía emergente para la cual los recursos naturales, en especial los mineros, son una crucial fuente de ingresos.

Desde 2018 a esta parte la contingencia política chilena ha tenido todos los ingredientes para ahuyentar a los inversionistas.

Por eso debe verse con gran preocupación que Chile haya retrocedido nada menos que 29 puestos desde 2018 en el ranking de países que son atractivos para la inversión minera, para ubicarse incluso por debajo de competidores regionales directos como Perú y Argentina. Hace sólo cinco años nuestro país ocupaba el sexto lugar en esa medición, mientras que hoy es el número 35 entre los 62 países de la lista.

Aunque sin duda inquietante, lo anterior difícilmente puede considerarse sorprendente. Desde 2018 a esta parte la contingencia política chilena ha tenido todos los ingredientes para ahuyentar a los inversionistas. Desde el violento estallido del 18-O al conflictivo proceso constitucional (fallido en primera instancia y que aún continúa), con un alza de la violencia terrorista y delictual que tiene a dos regiones del país bajo estado de excepción, unido a magras proyecciones de crecimiento cercano y potencial, y cuestionables decisiones judiciales en materia medioambiental.

En estas circunstancias, el Gobierno debe plantearse seriamente si las reformas que está impulsando -en impuestos, pensiones y salud- no arriesgan ser un desincentivo adicional a las inversiones que el país necesita.