Plebiscito 17-D: Un análisis costo-beneficio

Cecilia Cifuentes

En menos de un mes deberemos votar nuevamente por una propuesta constitucional, decisión menos dramática que la del pasado 4-S, pero igualmente importante. ¿Cuál es la mejor decisión este 17-D? Un análisis de ventajas y desventajas puede ayudar.

Partamos por los aspectos formales. La Constitución vigente ha sido permanentemente cuestionada por su origen no democrático. Aunque en lo personal no me parece algo muy relevante, ya que ha sido fuertemente modificada en democracia, se trata de un argumento válido, planteado por décadas por sectores de izquierda. No se puede negar que la propuesta a plebiscitar fue elaborada mediante un proceso plenamente democrático.

“En definitiva, los derechos sociales en la práctica no provienen de los artículos de la Constitución, sino de que ésta posibilite y acompañe el proceso de desarrollo. Entonces, parece una mejor opción votar A Favor”.

Un segundo aspecto formal es que la Constitución vigente ha perdido legitimidad, tanto por las graves vulneraciones a su texto en estos años, como también porque en octubre de 2020 un 78% de los votantes aprobó la redacción de un nuevo texto. Un tercer aspecto formal tiene que ver con cerrar un proceso que ya ha tomado demasiado tiempo, generando un daño considerable en la necesaria certeza jurídica. Aunque los que apoyan la opción En Contra digan que el proceso se cerrará de todas formas, no es creíble que los mismos que han denostado por décadas la Constitución actual ahora se sientan conformes con ella. }

Es bastante claro, entonces, que en estas materias formales la nueva propuesta es superior.

Sin duda la discusión de los contenidos es más relevante que lo formal. Pero es más compleja, ya que siempre existirán artículos cuestionables para algunos, sobre todo en un texto más extenso de lo deseable. Adicionalmente, como se constata de las declaraciones de expertos constitucionalistas, las interpretaciones del texto también pueden resultar bastante diversas, siendo entonces razonable que la comparación se fundamente en los aspectos gruesos y más relevantes para el buen funcionamiento de la democracia y el sistema económico. En esta materia parece indiscutible que la propuesta presenta claras ventajas respecto al texto vigente, aun estableciendo que su sola aprobación no basta para que el país retome el proceso de desarrollo extraviado hace una década.

Lo primero y más evidente es la modificación en el sistema político, revirtiendo la fragmentación actual, causa principal de la imposibilidad de acuerdos. Se agrega, además, un mejor control de varios de los problemas actuales; la inmigración ilegal, el activismo judicial, la rigidez del Estatuto Administrativo y la corrupción. Se incorporan también aspectos que constituyen demandas de la sociedad, como el reconocimiento de los pueblos originarios, temas de equidad de género, y el cuidado del medio ambiente.

¿Y qué pasa con el Estado Social de Derecho? Es un principio que se incorpora, respetando las bases. Sin embargo, siempre he pensado que se trata de un tema más bien semántico, porque de hecho en Chile en los últimos 30 años el gasto social ha crecido al doble del PIB. Por lo tanto, en la medida en que el país crezca y se generen recursos, existen los consensos necesarios para ampliar los derechos sociales sin amenazar la sostenibilidad fiscal, otro principio clave que ahora se explicita. En definitiva, los derechos sociales en la práctica no provienen de los artículos de la Constitución, sino de que ésta posibilite y acompañe el proceso de desarrollo.

Entonces, parece una mejor opción votar A Favor, hay mejorías que lo justifican, pero además permite recuperar certeza jurídica, lo que no parece posible con una Carta Fundamental deslegitimada, y además muy fácilmente modificable.