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Constanza Hube
Esta semana se publicó finalmente la reforma de pensiones, cerrando un proceso de tramitación largo y complicado. Sin embargo, lejos de ser un cierre, su entrada en vigencia marca más bien el inicio de una serie de desafíos que deberá enfrentar la reforma de pensiones en su etapa de implementación.
Como suele decirse, el diablo está en los detalles. En este sentido, debemos estar atentos a la presentación de tres proyectos de ley clave que se discutirán este año y principios del próximo. La licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), la cotización del 7% para los trabajadores independientes y la gestión del Fondo de Estabilización Económico y Social son las iniciativas que deberán ser enviadas al Congreso. Si estos cambios no se implementan de manera adecuada, corremos el riesgo de que en lugar de resolver problemas, se generen nuevos obstáculos que compliquen aún más el panorama.
“Solo con un seguimiento riguroso podremos garantizar que se cumplan los objetivos propuestos, sin saltos a las normas ni modificaciones a los plazos establecidos”.
Además, en junio de este año termina el período del actual Superintendente de Pensiones. Este hecho no es menor, considerando no solo la amplia experiencia del actual Superintendente (quien ocupa el cargo desde 2016), sino también las importantes atribuciones que la reforma otorgó a la Superintendencia, especialmente en lo que respecta a la emisión de normas de carácter general. En este sentido, será fundamental asegurar el control de la legalidad de dichas normas y reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad regulatoria.
Un tercer aspecto crucial es estar atentos a las posibles inclinaciones hacia la elusión de la normativa que ya se empiezan a observar en el gobierno. Un ejemplo de ello ocurrió el pasado 26 de marzo, durante la presentación de la ministra Jara en la Comisión de Trabajo del Senado, en la que se repasaron los hitos de implementación de la reforma de pensiones. A pesar de que la ley establece claramente que la recaudación de las cotizaciones para el Seguro Social Previsional debe comenzar a partir del mes 17 desde la publicación de la ley, la ministra, en su exposición, consideró que este proceso debería iniciarse desde el mes 5. Este punto fue planteado por los parlamentarios, pero, ante ello, la ministra no ofreció una respuesta clara ni convincente.
Dadas las complejidades y las múltiples aristas jurídicas de este proyecto, es esencial estar atentos tanto a las normativas que se aprobarán como a la implementación de las distintas etapas de la reforma. Solo con un seguimiento riguroso podremos garantizar que se cumpla con los objetivos propuestos sin que hayan saltos a las normas ni se modifiquen los plazos establecidos. Es de esperar que la implementación de la reforma transcurra con menos controversias que su proceso de tramitación.
