Pensiones, el asalto final

Hace lo contrario. El proyecto no mejora sustancialmente las pensiones, al no abordar la baja densidad de cotizaciones. No hay medidas para remediar la insuficiencia de cotizaciones. El destino de un exiguo 2% de la renta a capitalización individual, que por la gradualidad equivale a poco más de un 1%, no aporta mucho a aumentar el ahorro previsional.

“La PGU debiera anclarse a un parámetro técnico para evitar distorsiones de los ciclos políticos, porque la insistencia del Gobierno sugiere que el verdadero objetivo es echar mano a los ahorros de los trabajadores”.

Insiste, en cambio, en destinar al reparto un 4%, un impuesto al trabajo que disminuirá el empleo afectando cotizaciones y pensiones, y que favorecerá más a las pensiones actuales que a las futuras. En lugar de simplificar, el proyecto complica, al destinar parte de ese 4% a financiar sala cuna y cuidados a terceros. Al restar esos recursos a la capitalización, hace que las pensiones en promedio aumenten tres veces menos que si fuera todo a ahorro.

Dice la ministra que ha recogido propuestas de la oposición. Pero los diputados opositores integrantes de la Comisión se retiraron de la sesión porque la ministra presentó indicaciones en sentido contrario a lo que habían pedido: que el 6% adicional de cotización fuera destinado a las cuentas individuales.

Afirma la ministra Jara que recoge ideas de expertos. Nuevamente, sus acciones discurren en la dirección contraria a lo que señalan los expertos. La ministra tiene una deuda pendiente con profesionales de varios centros de estudios que solicitaron hace ya un año las bases que respaldarían su afirmación de que el proyecto mejoraba más el nivel de las pensiones. No es serio que haga nuevas propuestas sin aportar la información pendiente.

Pero, además, la ministra insiste en su proyecto sin considerar los hallazgos de un estudio realizado por quien es quizás el mayor experto en materia de pensiones en Chile: el economista David Bravo, encargado por la ex presidenta Bachelet de elaborar propuestas para reformar el sistema de pensiones en 2015 junto a un destacado grupo de especialistas nacionales e internacionales.

El estudio de Bravo es el primero que considera toda la historia laboral de los afiliados para calcular las tasas de reemplazo, la medida de la proporción en que la pensión reemplaza los ingresos que tenía el cotizante cuando estaba activo.

Si a ello agregamos que 50 mil millones de dólares fueron retirados del sistema entre 2020 y 2021, afectando las futuras pensiones de trabajadores de ingresos medios, y que se introdujo la PGU en 2022 -que aumentó significativamente las pensiones bajas, pero no así las de cotizantes de ingresos medios-, veremos que las tasas de reemplazo de trabajadores de rentas bajas son mayores que las que informaba el Gobierno sobre la base de las últimas rentas.

En conclusión, la reforma que se requiere es distinta a la del Gobierno. Más ahorro para mejorar pensiones en el período 2023 a 2042, que tendrían tasas de reemplazo inferiores a las actuales con este proyecto; y menos reparto para pensiones actuales que llegan ya a tasas de reemplazo entre 94 y 97%. La PGU debiera anclarse a un parámetro técnico para evitar distorsiones de los ciclos políticos, porque la insistencia del Gobierno sugiere que el verdadero objetivo es echar mano a los ahorros de los trabajadores. Escuchen a David Bravo, a Joe Ramos y a los que saben, no a la ministra cuyos dichos no coinciden con los hechos.