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Alto contrasteCuando se enseña que el poder constituyente tiene limitaciones, se señala que una muy importante, quizá la esencial diría yo, es atender al ideal de derecho que predomina en la sociedad en el momento histórico en que ese poder actúa. En este momento histórico algunas candidaturas, con énfasis especial la de la ex presidente Bachelet, proponen una nueva Constitución para Chile y, aún más, señalan que la forma más legítima de conseguirla sería a través de una asamblea constituyente.
Lo que es interesante, a mi parecer, es precisar para qué se quiere una nueva Constitución o, cuál es la razón por la que diversos candidatos advierten la necesidad que tendría la sociedad chilena de una nueva Constitución. La primera razón que justificaría esa tarea sería dejar atrás, de una vez, el origen autoritario de la Constitución vigente, liberando por tanto a esa ley fundamental de todo prejuicio derivado de su origen, en buenas cuentas, desprenderla definitivamente del concurso que existiría entre su imagen y la del gobierno militar. Otras razones irían por la necesidad de rebajar quórums para aprobar leyes que organizan los poderes del Estado, hacer más equilibrada la distribución del poder político entre el gobernante y el Congreso Nacional, en fin, aún más sustancialmente, eliminar algunas de las restricciones que impiden al Estado la actuación directa en áreas del desarrollo económico y social, es decir, su carácter subsidiario.
Creo que muy posiblemente, en la sociedad chilena existe arraigada la idea de terminar con el sostenido conflicto acerca de la legitimidad de la actual Constitución. Es difícil la convivencia política más o menos armónica si es que siempre, y ante cualquiera clase de conflicto, sea la reforma constitucional o bien una nueva Carta fundamental el antídoto ideal para su solución. El desarrollo y la convivencia armónica entre todos los actores sociales exigen, al menos, consenso acerca de lo legítimo del origen de la Constitución. Quedará eso sí pendiente definir si esa legitimidad de origen se logra por medio de una asamblea constituyente -de suyo complejo y necesariamente ajeno la actual institucionalidad constitucional- o por el ejercicio de las funciones constituyentes de las autoridades políticas elegidas democráticamente.
Quizá también hubiere echado raíces en la sociedad nacional el tema de la relación entre el sistema electoral binominal y las leyes orgánicas constitucionales. Es ciertamente complejo de explicar que una mayoría electoral no pueda hacer pesar su voluntad y soporte, a veces, el veto de una porción minoritaria de los representantes de la ciudadanía. Hay aquí una cuestión de responsabilidad e imagen: para cualquier gobierno es fácil explicar el fracaso de una política pública sosteniendo que no pudo implementarse por el veto calificado de la minoría opositora, explicación que sirve para liberar responsabilidades políticas y daña la imagen del sistema institucional.
En lo que no estimo exista ninguna clase de arraigo es en la necesidad de alterar el régimen político haciendo más equilibradas las atribuciones entre los órganos presidente de la República y Congreso Nacional. La pretensión más escuchada por sus promotores dice relación con la aminoración de las atribuciones presidenciales potenciando las del Congreso, pretensión que no obstante su plausibilidad, no tiene ninguna base social, al menos si se atiende a la opinión que las personas tienen de ambas instituciones. No creo que exista estudio de opinión pública que ubique al Congreso por sobre cualquier gobierno y en cualquier momento político, en los últimos 22 años de convivencia democrática. Es más, intentar prontamente algo así sería al menos aventurado, dada la penosa imagen de los parlamentarios quedada al cabo de la elección del diputado Velásquez en la mesa de la Cámara de Diputados y de la muy lamentable votación habida en el Senado, con ocasión de la acusación al ex ministro Beyer.
Por último, no creo tampoco que la supresión de las normas constitucionales que limitan la actuación económico-social del Estado sea una cuestión arraigada y se constituya un ideal de derecho colectivo en Chile. Podrán darse muchas razones pero, me valdré simplemente de una que se sustenta en un tema de moda, la educación. A nadie podrá molestar, al contrario, a todos debiera interesar lograr una educación pública, gratuita y de calidad, pero ese objetivo no logrará destruir la conciencia acerca de la existencia del derecho y la libertad que tenemos todos los padres de Chile para escoger la educación que queremos dar a nuestros hijos.
