Objetivos inconsistentes

Hernán Cheyre V.

Uno de los aspectos positivos de la reciente cuenta presidencial fue la mención a la necesidad de fortalecer las bases para un crecimiento económico sostenible en el largo plazo, para lo cual -se señaló en el discurso- “lo primero es recuperar la inversión, necesaria no solo como fuente de ampliación de la capacidad productiva, sino como vehículo del progreso tecnológico, la innovación y la aplicación del conocimiento”.

Imposible estar más de acuerdo con el Presidente Boric, quien a renglón seguido lanzó el desafío de que la productividad vuelva a crecer al ritmo de 1,5% al año, para así lograr que el crecimiento potencial de la economía pueda superar el 4% anual, “lo que a su vez permitirá compensar el alza de costos laborales que implican medidas sociales con las que nuestro gobierno está comprometido”.

“No hay evidencia empírica que permita sostener que el crecimiento económico de los países es más elevado cuando la intervención del Estado es más alta”.

Y aquí otro reconocimiento explícito a un principio económico fundamental a ser tomado en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas: sin crecimiento no es posible mejorar la calidad de vida de las personas en forma sostenible. El exceso de gasto del año pasado, alimentado por una generosa política fiscal, por un relajamiento monetario y por una gran liquidez derivada de los retiros de los ahorros previsionales, no era posible de mantener, y la pesadilla del ajuste -inflación incluida- estaba a la vuelta de la esquina, lo cual hacía imperativo abordar el problema desde su misma raíz, como lo es el deterioro de la capacidad de crecimiento de la economía chilena.

Habiendo claridad en cuanto al origen del problema, la pregunta es cómo avanzar para resolverlo. En el discurso presidencial se hace mención a la necesidad de lograr “mayor inversión en I+D, innovación y capacitación, de aprovechar las ventajas comparativas de la producción limpia, de bajar los costos de las empresas en seguridad, de mejorar el cumplimiento regulatorio y de las obligaciones tributarias”. Lamentablemente, el problema no es tan simple.

Lo fundamental para revertir la tendencia al estancamiento por la que estamos transitando es volver a generar las condiciones requeridas para que la iniciativa privada se despliegue en plenitud. Pero cuando el Estado de derecho está en jaque, cuando la violencia se apodera de las calles y el terrorismo campea en un importante territorio del país, en el cual aumentar la inversión es un imperativo para su desarrollo, lo propuesto en el discurso presidencial no pasa de ser algo puramente accesorio. Y tratar de resolver los problemas a través de una mayor participación del Estado en la economía -como lo sería, por ejemplo, si se creara una Empresa Nacional del Litio para explotar este mineral, en circunstancias de que el modelo vigente de asociaciones público-privadas ya le genera al Fisco un importante volumen de ingresos y le permite liberar recursos para otros usos que son prioritarios-, se contrapone absolutamente con los objetivos inicialmente declarados.

No hay evidencia empírica que permita sostener que el crecimiento económico de los países es más elevado cuando la intervención del Estado es más alta. Y si a lo ya mencionado se agrega un contexto de elevada incertidumbre institucional que deriva del borrador del texto de una nueva Constitución que se va a proponer a la ciudadanía, en el cual las reglas del juego que son fundamentales para el desarrollo de la actividad emprendedora -tanto a nivel general como en sectores específicos- quedan en entredicho y sujetas a lo que puedan resolver mayorías circunstanciales, la inconsistencia ya pasa a ser absoluta.