Nueva política de sustentabilidad

El Ministerio de Obras Públicas dio inicio al desarrollo de una nueva política de sustentabilidad de la cartera. Según las autoridades, el objetivo es avanzar en forma integral en diversas dimensiones de la sustentabilidad -ambiental, económica, social e institucional-, contribuyendo al cumplimiento de los desafíos que plantea la crisis climática y de biodiversidad.

La idea -se explicó- es ser congruente con la normativa y directrices de sustentabilidad, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), que representan un paradigma de sostenibilidad que, sin obligatoriedad jurídica, proponen su integración a las actividades humanas, económicas y sociales y a la responsabilidad de los Estados. En esta línea, las grandes obras de infraestructura de uso público concentran atención por su impacto medioambiental sobre territorios y comunidades.

“Hay mucho que hacer en materia de sostenibilidad y el sector de la infraestructura no puede hacerlo todo por su cuenta. Aquí hay un desafío-país que trasciende a cada uno de los incumbentes por separado”.

La intensidad de emisiones del sector en Chile es de 1,53 emisiones en kilotoneladas de CO2 equivalentes/PIB, apenas por debajo de China, que registra 1,66 y que está considerado el país más contaminante del mundo. El promedio mundial muestra un valor bastante más bajo, de 0,67. Entonces, hay una tarea importante que realizar sobre esta materia y sobre el manejo de los enormes residuos resultantes de las obras.

En nuestro país, de ingresos medios y con un importante desarrollo y experticia de la infraestructura de uso público en diferentes áreas, los desafíos de sostenibilidad debieran ser abordables gradualmente sin mayores complejidades bajo el entendido de que los incumbentes tomen adecuada nota del compromiso-país asumido hace siete años con Naciones Unidas.

Todo depende en buena medida del volumen y tipo de inversiones que se promuevan para ese propósito, y de las acciones que se implementen para disminuir índices negativos. La infraestructura tiene dos caras contrapuestas: permite cumplir objetivos de sostenibilidad, pero a su vez es fuente de emisiones. Los protocolos apropiados entre Estado y privados, el aprendizaje, la cultura y gestión de construcción renovadas y la tecnología, ayudan a reducir las emisiones.

Hay mucho que hacer en materia de sostenibilidad y el sector de la infraestructura no puede hacerlo todo por su cuenta. Aquí hay un desafío-país que trasciende a cada uno de los incumbentes por separado. Un dato relevante es que de aquí al 2030, un 50% de las metas ODS en el país están siguiendo a buen ritmo, un 25% se observa lento y un 25% va en la dirección equivocada. Todavía hay tiempo para las correcciones necesarias, en la medida que el tema de sostenibilidad se incorpore decididamente y permanezca en la agenda pública como asunto prioritario.

Una tarea fundamental es identificar el rol que deben asumir los actores, de acuerdo con la función que cumplen  en la promoción de un desarrollo sostenible. Así, el Estado debiera optar por las inversiones en infraestructura que más se adecúen al cumplimiento de los objetivos, como responsable de la selección de los proyectos a ejecutar, de sus características de diseño, localización y entorno y de la previsión de sus posibles impactos ambientales. Por su parte, el sector privado debería financiar, construir y operar las obras según las exigencias crecientes de sustentabilidad incorporando innovación; y la comunidad debería ejercer un rol vigilante sobre las soluciones propiciadas por el Estado y los privados.