Morosidad de servicios básicos: ¿bomba de tiempo?

Rodrigo Castillo

La crisis sanitaria y económica ha golpeado a las familias chilenas, y como empresas de distribución eléctrica desde el comienzo nos hemos puesto a disposición de las autoridades para implementar mecanismos voluntarios de apoyo temporal a los clientes al inicio de la pandemia, y luego haciendo operativas las medidas que necesita por el Estado.

En concreto, mediante la aplicación de la Ley de Servicios Básicos que vence en diciembre próximo, se ha evitado durante casi un año y medio la suspensión de suministro por no pago a los beneficiarios de dicha ley, así como la postergación del pago de las deudas acumuladas mediante convenios sin interés en plazos de hasta 48 meses.

Este alivio para las familias frente a una crisis sin precedentes, especialmente para aquellos que perdieron su fuente de ingresos, ha acumulado, sin embargo, un efecto económico relevante para el sector eléctrico: a la fecha existen más de 800 mil clientes con deudas morosas - esto es casi un 50% más respecto de marzo del año pasado-, totalizando más de 250 mil millones de pesos. Esta situación, además, es similar en el caso de los servicios sanitarios.

Según datos publicados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, apenas el 10% de los clientes (con consumos mayores a 400 kWh / mes), concentran en torno al 25% de la deuda total. Es decir, la ley favorece más a clientes que presumiblemente tienen mayor capacidad de pago (puesto que consumen mucha más energía), mientras que no entrega un apoyo económico concreto a los clientes más afectados por la pandemia para que puedan cubrir su deuda.

Desde fines de 2020, cuando se postergó por primera vez la vigencia de la ley, hemos venido advirtiendo sobre los riesgos de esta creciente acumulación de deuda, pues estamos convencidos que se trata de uno de los problemas sociales, derivados de la pandemia, más grandes que tiene el país en la actualidad. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado una determinación clara por parte del Estado para abordar con sentido de urgencia esta problemática.

Resulta evidente que seguir postergando el problema, y con ello aumentando su tamaño, a través de nuevas prórrogas de la actual ley no sólo no es una solución, sino peor aún puede constituir un alejamiento de dos responsabilidades clave del Estado: por una parte el apoyo a las familias más vulnerables respecto de la deuda que han acumulado en virtud de una ley establecida por el propio Estado, y por otra, la creación de un riesgo para el adecuado funcionamiento de un sector productivo básico como la electricidad.

Si el Estado no define mecanismos de apoyo a las familias más golpeadas por la pandemia podría ocurrir que transcurran años hasta que muchos clientes puedan pagarlas, ya que las familias que hoy no pueden pagar su cuenta, es difícil que puedan pagar 1,25 cuentas o más en el futuro.

La vigencia de la ley concluye en diciembre próximo, por tanto aún hay tiempo para que el Estado aborde este tema de manera urgente y lidere la búsqueda de una solución que no implique simplemente extenderla una vez más. Distintos agentes han planteado alternativas como la entrega de subsidios o la rebaja temporal de IVA, por mencionar algunas, y como empresas de distribución eléctrica hemos señalado públicamente nuestra disposición para colaborar en la búsqueda y puesta en práctica de soluciones racionales a este desafío.