Medidas oportunas en la construcción

Catalina Binder

Hoy, la industria de la construcción enfrenta grandes desafíos. Escasez de productos y problemas logísticos que afectan la planificación y el oportuno abastecimiento, además de la enorme alza en el precio de insumos y materiales. Esto genera un desequilibrio en los contratos licitados cuya oferta se presenta con meses de antelación al acto adjudicatorio y en base a condiciones económicas establecidas en contextos más favorables, entre otros factores.

En el ámbito de las obras públicas, a lo anterior se suman dificultades asociadas a un marco normativo desactualizado, que no regula en forma sistemática las principales cuestiones que se presentan durante la ejecución de las obras y la falta de mecanismos de resolución temprana de controversias que permitan resolver oportunamente las discrepancias técnicas, jurídicas y económicas que se van presentando durante la ejecución de las obras. Actualmente, las divergencias que se producen demoran años en ser resueltas, lo que encarece y atrasa los proyectos, resultando en obras abandonadas, quiebra de contratistas, entre otros.

“Estudios del FMI demuestran que los países pierden en promedio un 30% del valor de sus inversiones por ineficiencia en los procesos de inversión pública, debido a una mala gobernanza, planificación y asignación de recursos”.

En efecto, el Reglamento de Obras Públicas, DS MOP N°75, principal referente en obras públicas y privadas, es una herramienta desactualizada, que no contribuye a generar la necesaria colaboración y transparencia que deben promoverse en un Estado moderno, ni se condice con las normas y prácticas internacionales en materia de proyectos de ingeniería y construcción.

El interés público involucrado en cada proyecto se cautela mejor a través de contratos que sean capaces de adaptarse, permitiendo al Estado y a las empresas responder a las cambiantes condiciones sin poner en riesgo el destino de la obra. Para esto se requiere incorporar normas modernas en materia de contratación y un sistema de acompañamiento permanente en los contratos, que ayude a resolver los conflictos que inevitablemente se producen en la construcción, lo que permitiría a las autoridades ejecutar las obras en los plazos y condiciones previstas.

En relación con una mayor eficiencia y productividad en la gestión de las obras públicas, estudios del FMI han demostrado que, a nivel mundial, un país, en promedio, pierde alrededor del 30% del valor de sus inversiones debido a la ineficiencia en los procesos de inversión pública relacionada con una mala gobernanza, planificación y asignación de recursos.

Por último, las inversiones en infraestructura deben contar con la aceptación ciudadana para llevarse a cabo y estar disponibles para someterse oportunamente al escrutinio público en todas sus fases. Es la comunidad la que debe valorar el esfuerzo que se hace para dotar al país de mejoras sustantivas en nuestra capacidad de prestar servicios.

Hoy, requerimos con urgencia la planificación y estructuración de una nueva gobernanza, medidas inmediatas eficientes que movilicen y permitan desplegar los recursos disponibles, para activar el mercado laboral, subsanar el déficit en infraestructura del país y mejorar la calidad de vida de los chilenos.

Estos necesarios cambios solo serán posible con un Estado proactivo, que consciente de su rol articulador y de liderazgo, actúe oportunamente, con la participación de empresas cuyos legítimos beneficios estén alineados con el interés público.