Mediación comercial: el compromiso de una política de Estado

MACARENA LETELIER VELASCO

Con el inicio de la actividad comercial surgieron controversias entre partes que transaban bienes y servicios. Hace menos de un siglo, el duelo era un mecanismo no sólo socialmente aceptado, sino contemplado en la ley, para resolver conflictos. Sin embargo, la solución pacífica de los desacuerdos que se genera entre quienes conformamos la sociedad ha sido parte fundamental de su propia evolución. Innovar en caminos que nos lleven a acceder a la justicia es un desafío y nos compromete, tal como los avances tecnológicos, medicinales y de infraestructura, entre otros.

El viernes pasado el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley que regula la mediación civil y comercial (número de boletín disponible en marzo). Así, se van dando los pasos indispensables para la conformación de un círculo virtuoso, que instale el diálogo y deje atrás la alta litigiosidad a la que estamos acostumbrados: una política pública. En este caso estamos frente a un proyecto que implica cambios estructurales en la administración de justicia; que trasciende colores políticos, que busca arraigarse en su contenido por muchos años, transformando la confrontación judicial en una ultima ratio.

Qué duda tenemos de que el acceso oportuno a la justicia entrega dignidad a quienes buscan soluciones y certezas, y en el caso de los conflictos comerciales, da dinamismo a la economía impidiendo el congelamiento de bienes durante un juicio (Colombia elevó su indicador en el Doing Business luego de la implementación de su ley de mediación). En el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, la globalización implica no solo sistemas comunes para armar negocios, sino también para desarmarlos, y esta iniciativa nos acerca a las políticas de la mayoría de los países, socios nuestros, en materia de resolución de conflictos.

El proyecto de ley contempla entre sus objetivos: promover un mayor acceso a la justicia mediante la priorización del uso de la mediación; brindar un sistema de acceso universal para la gestión colaborativa de conflictos en el ámbito civil y comercial; integrar eficientemente los mecanismos autocompositivos con las otras vías formales de resolución de conflictos; y disminuir la carga de trabajo de los tribunales de justicia, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos.

Cambios tan relevantes se dan en una lógica de política de Estado, y en ese marco esperamos que la tramitación del proyecto avance con rapidez, teniendo conciencia del aporte a la paz social de una iniciativa que aboga por la lógica de la colaboración en vez de la confrontación.

Citando a Miroslav Lajčák, ex presidente de la Asamblea General de la ONU, “la mediación es una de las herramientas más eficaces de la no violencia. Puede alejarse a las partes del conflicto hacia el compromiso”. Sin duda, estamos ante el inicio de la tramitación de una política de Estado que, bien implementada, traerá innumerables aportes.