Un engendro presupuestario

Matko Koljatic

Quiéralo o no, el gobierno está haciendo política pública al haber impulsado la "gratuidad" a través de una glosa presupuestaria ya que los instrumentos de financiamiento constituyen una de las principales herramientas con que cuenta el Estado para guiar y modelar el sistema de educación superior. Desgraciadamente, la "gratuidad" que se está perfilando en el presupuesto no responde a principios generalmente aceptados de buena administración de los recursos públicos.

Como es sabido, en la actualidad el sistema de educación superior chileno presenta una variada gama de fondos. Existe una amplísima gama de instrumentos de financiamiento de la demanda (que va desde un heterogéneo conjunto de becas a un sistema de créditos), diversas formas de financiamiento de bienes específicos (por ejemplo, en ciencia y tecnología) y aportes directos a algunas instituciones que poseen justificaciones ante todo históricas (específicamente el Aporte Fiscal Directo). Hay consenso entre los especialistas que el sistema debe ser perfeccionado, lo que lleva a la pregunta: ¿qué deberíamos esperar de una política de financiamiento de la Educación Superior (ES)?

Años atrás, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, participé en una comisión presidencial que se constituyó para estudiar posibles reformas a la educación superior. Ahí nos hicimos esta pregunta, llegando a la conclusión que el financiamiento de la ES debe responder a tres principios que enumero a continuación:

- De eficiencia (que los recursos vayan allí donde más puedan contribuir al bienestar social),
- De rendición de cuentas (los recursos deben estar atados a la obtención de bienes públicos de relevancia y sometidos al control público si bien ex post), y - De igualdad de trato (es decir, las políticas deben basarse, como lo sugiere unánimemente la literatura, en criterios universalistas susceptibles de ser aplicados en principio a todas las instituciones sobre la base de su desempeño).

Ninguno de estos principios está siendo respetado en la glosa.

Respecto al principio de la eficiencia, la glosa presupuestaria privilegia a alumnos de unas pocas instituciones. Por lo mismo, deja fuera de la "gratuidad" a alumnos que lo ameritarían por su situación socio económica pero que estudian en instituciones no elegibles. Esto es particularmente grave respecto a los alumnos de IP y CFT, que como es sabido atienden a una proporción mayoritaria de estudiantes vulnerables.
El segundo aspecto, la rendición de cuentas (lo que a menudo se describe como "accountability"), simplemente no es abordada en la glosa. Se hace elegibles a las instituciones y en un vuelco sorprendente de postura por parte del gobierno - ya que se mantiene la "gratuidad" como subsidio a la demanda dado que el estudiante es el portador de una especie de "voucher"- si el estudiante se matricula, el Fisco le entrega recursos a la institución. ¿Cómo se controla el uso de los recursos y , en último término la calidad de la enseñanza que la institución está comprometida a entregar?

Finalmente, la igualdad de trato se vulnera, por ejemplo, al establecer un requisito de cuatro años de acreditación. La glosa excluye a las universidades del CRUCH de esta exigencia -haciendo elegibles a instituciones con menos de 4 años de acreditación- generándose una condición de arbitrariedad e injusticia evidente y no se impone una vara mínima de calidad educacional. Preguntémonos, ¿porque no cinco años en vez de cuatro?¿o seis? Además, este tipo de cláusulas abre espacios para acciones impropias en que se obtiene recursos a través del "lobby". Cuando las reglas son arbitrarias, se puede anticipar que habrá presiones corporativas sobre los funcionarios públicos.

De modo que estamos enfrentados con un engendro presupuestario que no respeta los principios fundamentales que debieran gobernar la asignación de recursos fiscales.