Modernización tributaria y obsolescencia política

Manuel Bengolea

Los comentarios de la oposición sobre el proyecto de modernización tributaria han sido débiles en contenido y cargados de populismo. Muchos han sostenido, con más retórica descalificativa que consensual, que la reintegración implica que el Estado financiará a los más ricos a costa de los más pobres. Nada más alejado de la realidad, como se constata al analizar la evidencia empírica.

Primero, es bueno que se entienda que el Estado y los políticos que lo manejan no son los dueños de esos recursos, sino que sus administradores temporales, y deben rendir cuentas por su correcta aplicación. Lo segundo, si de justicia se trata, es entender que la equidad horizontal también es justa, porque si un emprendedor, un profesional y un inversionista extranjero generan el mismo flujo, todos ellos deberían pagar lo mismo, y resulta que la actual ley, reformada en 2014, no hace eso y castiga con más impuestos al emprendimiento, la llave de ingreso al progreso y desarrollo. Tercero, la equidad vertical o progresividad, que hace referencia a quien más genera más paga, que fuera el centro de la anterior reforma, tiene formas más inteligentes de lograr los objetivos que lisa y llanamente castigando el emprendimiento.

El manido argumento de que el Fisco recaudaría menos con la reintegración es, a lo menos, erróneo. Muchos políticos han callado, convenientemente, la evidencia que arroja la reforma de 2014, cuando aumentaron la tasa de impuestos a las empresas y se recaudó menos, pues como muchos entendidos de todo el espectro político lo anticiparon, subir demasiado los impuestos impacta la inversión, lo que se traduce en menor crecimiento económico y luego en menor recaudación. La reintegración tendrá un efecto positivo en la inversión, que luego redundará en un crecimiento económico más acelerado y, por ende, en mayor recaudación. Por último, llama la atención el celo en los equilibrios fiscales que exhibe la oposición, cuando siendo gobierno los desdeñaron.

El proyecto de modernización tributaria ha vuelto a hacer palpables las diferencias políticas. La oposición sigue vendiendo la idea de que es el Estado quien nos llevará al desarrollo, y que capitalismo y mercado son ideologías depredadoras que sólo reparten pobreza. La evidencia histórica es irrefutable, el mercado administra mejor los recursos que el Estado, y los países que han logrado entrar al desarrollo lo han hecho de la mano del primero, mientras que quienes han decidido por el segundo, han terminado irremediablemente más pobres.

En 1990, los países con mayor ingreso per cápita (a precios de poder de paridad de compra) en Latinoamérica, según el FMI, eran Venezuela y Argentina, con US$ 9.560 y US$ 7.250, respectivamente, mientras Chile alcanzaba los US$ 5.840. Nuestro país hoy ostenta US$ 25.657 de ingreso, el más alto de la región, muy por sobre los US$ 9.870 de Venezuela (que supera sólo a Bolivia) o los US$ 21.530 de Argentina.

En conclusión, quienes sostienen o creen que exigiendo más impuestos a las empresas para transferirlos al Estado impulsarán una mayor igualdad debieran darle una mirada a la evidencia, pues usualmente las políticas discrecionales de redistribución de riqueza terminan con todos siendo igualmente más pobres, con los emprendedores arrancando del país y con unos pocos políticos sirviéndose de ello, como es el caso de Argentina y Venezuela. El proyecto de modernización tributaria arregla el estropicio causado por el anterior y convierte nuevamente el esfuerzo y el trabajo en la principal palanca de progreso.