Ley de incentivo tributario e Investigación y Desarrollo empresarial
EDUARDO BITRAN Académico facultad de Ingeniería y Ciencias UAI y Director Espacio Público
La inversión empresarial en Investigación y Desarrollo (I&D) es fundamental para impulsar la innovación, aspecto en que Chile es de los países de peor desempeño de la OCDE y uno de los principales factores que explica el estancamiento de nuestra productividad total de factores por más de quince años, deteriorando nuestras perspectivas de desarrollo económico.
La ley de beneficio tributario a la inversión empresarial en I&D expira el año 2025, lo cual exige que se legisle a la brevedad para reponer y mejorar el incentivo al I&D. Dicha norma, que se dictó en 2008, inicialmente solo calificaba como elegible de la franquicia de 35% del impuesto de primera categoría a la inversión en I&D que se contratara con entidades de I&D acreditadas. La insuficiente vinculación entre esta oferta nacional y las necesidades de los negocios generó un muy escaso uso de dicha franquicia, lo que llevó a que en 2012 se modificara haciendo extensivo el incentivo a cualquier esfuerzo de I&D empresarial que cumpla con los criterios de OCDE. Esta reforma ha permitido ir gradualmente incorporando empresas de mayor tamaño al esfuerzo de I&D, observándose un crecimiento en el número de empresas que postulan, el establecimiento de rutinas de I&D en varias de ellas y un crecimiento de la inversión certificada de un promedio de alrededor de US$ 100 millones en el periodo 2015-22 a sobre US$ 300 millones en los últimos dos años, lo cual se manifestará en un aumento en las cifras agregadas de I&D empresarial, como porcentaje del PIB.
“La colaboración es esencial para facilitar la innovación, entre las empresas y entre diversos estamentos de la sociedad. En este ámbito Chile tiene un déficit evidente”.
La colaboración es esencial para facilitar la innovación, entre las empresas y entre diversos estamentos de la sociedad. En este ámbito Chile tiene un déficit evidente. La nueva legislación debería entonces establecer incentivos diferenciados, aumentando el incentivo al I&D que produce externalidades que generen capital social. Por ejemplo, tasas de crédito tributario mayores al I&D, con las empresas que contratan con la oferta científico-tecnológica nacional y para la inversión que las empresas de un subsector realizan en conjunto para desarrollar bienes club, críticos para su desafío común de sustentabilidad, aspecto clave para el crecimiento de exportaciones vinculadas a sectores de recursos naturales y energías limpias. Adicionalmente, los startups de base científica tecnológica, durante todo su periodo de crecimiento inicial (que toma varios años) no tienen utilidades, y el paso por el llamado “valle de la muerte” está en parte determinado por las restricciones de liquidez. El generar mecanismos de reembolso anticipado por esfuerzos de I&D de los startups debería ser también un componente fundamental de la reforma.
Chile tiene la oportunidad de retomar el crecimiento a partir de su dotación de minerales críticos, energías limpias, riqueza forestal y otras actividades que almacenan CO2, por las ventajas en el ámbito de los alimentos saludables y el crecimiento de su demanda y valorización mundial y la globalización del mercado de servicios tecnológicos. Esto solo será posible si se basa en un esfuerzo sistemático de I&D, desarrollo de tecnologías digitales y de ciencia de datos, e inversión en capital humano que permita un crecimiento sostenible de nuestras exportaciones.