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Alto contrasteLey de antenas: retroceso en la colocalización
En junio pasado el Ejecutivo presentó una nueva indicación al proyecto de ley conocido como la “Ley de Antenas”...
En junio pasado el Ejecutivo presentó una nueva indicación al proyecto de ley conocido como la “Ley de Antenas”, la cual ha terminado por reducir drásticamente la denominada “colocalización”, esto al menos en su aplicación real y efectiva, como dicho concepto se entiende en todo el mundo.
La Cámara de Diputados, al aprobar por mayoría el proyecto original, contemplaba acertadamente a la colocalización como una medida obligatoria aplicable tanto a las nuevas torres como a las ya instaladas. Con esta colocalización obligatoria, se perseguía evitar la proliferación de torres y antenas que tantas dificultades han ocasionado a las comunas y vecinos y, al mismo tiempo, permitir que nuevos operadores móviles pudieran desafiar al actual oligopolio que opera en este mercado altamente concentrado. Lamentablemente, el nuevo texto del Ejecutivo ha limitado la colocalización obligatoria sobre las torres ya instaladas, permitiéndola en la práctica sólo a futuro, lo que es abiertamente discriminatorio para dichos nuevos operadores, quienes se verán forzados al absurdo de tener que compartir casi la totalidad de sus torres con los operadores ya consolidados, mientras que éstos no tendrán la obligación de compartir sus torres ya instaladas con sus nuevos competidores.
Las consecuencias que conlleva esta decisión del gobierno son dos: por una parte, no se evita la progresiva proliferación de torres y antenas, el principal problema que la Ley de Antenas intentaba solucionar; y, por la otra, se afecta gravemente la libre competencia, haciéndose imposible para los nuevos operadores desplegar sus redes y competir en igualdad de condiciones.
Parecería que el Ejecutivo ha optado por promover el camuflaje o mimetización como el mejor mecanismo para solucionar las externalidades negativas que las torres y antenas producen a la comunidad. Es de esperar entonces que el Senado, o incluso la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional, recojan la experiencia internacional y restituyan la colocalización obligatoria sobre toda la infraestructura existente y futura como la solución que, complementada con la mimetización y/o mitigación, mejor responderá a las demandas sociales y urbanísticas, compatibilizándolas adecuadamente con el necesario desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.
