Lecciones tras 20 años de juicios colectivos

JAIME LORENZINI

En 2024 se cumplieron 20 años de la litigación colectiva en Chile. Esta reforma legal ha tomado gran relevancia durante este último tiempo. Desde su implementación, diversos juicios colectivos han tenido un impacto significativo, cambiando prácticas industriales y fortaleciendo la protección de los consumidores.

Prueba de ello son diversos casos emblemáticos, entre los que destaca la colusión del papel Tissue -con un acuerdo logrado el 2017-, donde se estableció una compensación total de US$ 150 millones, que benefició a más de 13 millones de personas.

Entre los desafíos por abordar está la pertinencia de priorizar los Procedimientos Voluntarios Colectivos, cuyas soluciones son más expeditas.

Si bien los juicios colectivos constituyen una herramienta efectiva para enfrentar especialmente las infracciones de poca monta -individualmente consideradas que se puedan dar en el mercado-, existen muchos otros aspectos relevantes.

Desafíos que restan por resolver son el problema de agencia por parte de los representantes institucionales de los consumidores, la aversión al riesgo de estos y las posibilidades de acuerdos conciliatorios. Cuando las partes involucradas en un juicio colectivo evalúan un acuerdo y se levantan propuestas económicas de solución, que si bien no involucran la totalidad de la pretensión de la parte demandante, pero sí constituyen una respuesta práctica, es clave contar con claridad en las decisiones que se adoptarán.

Otro desafío relevante es analizar la pertinencia de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), cuya duración es de tres meses, prorrogable por otros tres, lo que ofrece una solución mucho más expedita de cara al consumidor que un juicio colectivo, pues este conlleva una tramitación promedio de ocho 8 años. En muchos casos se decide iniciar un juicio colectivo sin explorar un posible acuerdo extrajudicial en el contexto de un PVC. Desde el punto de vista del consumidor, las compensaciones ofrecidas por el proveedor en una negociación voluntaria representan una opción segura y predecible, que contrasta abiertamente con la incertidumbre inherente a los litigios.

Si no se quiere perder de vista que la verdadera finalidad es la protección de los consumidores, que están atomizados, constituyen un interés disperso y enfrentan un costo de litigar mayor al beneficio que se puede obtener, debieran transparentarse los criterios que justifiquen que ante una contingencia que afecta a miles o millones de consumidores pueda ser más conveniente iniciar directamente un juicio colectivo que un PVC.

Un reto relevante también a resolver por los legisladores será, en el marco de la discusión del proyecto de Ley “Sernac te Protege” se le otorgaren facultades sancionatorias al Sernac, si acaso resulta necesario que se opte por limitar la legitimación activa de Sernac para iniciar o participar en juicios colectivos. Lo anterior, por la grave interferencia que existirá si tuviera Sernac simultáneamente potestades para sancionar y demandar colectivamente a los proveedores.