Los guardianes de las Furias

José Miguel Aldunate

Mírelo usted como mejor prefiera. Diga que un viernes por la noche, “Chile despertó”. Luego salieron los militares a ejercer toda la fuerza represora del Estado, violando cuanto derecho humano se les pasó por delante. O bien, diga que los anarquistas incendiaron el Metro y las hordas de vándalos saquearon casas y supermercados, aterrorizando a la población. Las fuerzas de orden, desdentadas, contuvieron la situación como pudieron, mientras la violencia se reía en sus caras.

No importa cuál sea su versión. Lo cierto es que el país contempló varias horas de furia televisada. Aunque la esquizofrenia periodística nos habla de manifestaciones pacíficas y nuevos pactos sociales, las imágenes de violencia desatada no se borran tan fácilmente. En estas dos semanas cavamos más profunda la trinchera de la desconfianza. Como señala Hannah Arendt, puede que la violencia produzca algunos cambios necesarios, “pero el cambio más probable es un mundo más violento”.

Por eso, los demócratas atenienses temían particularmente a las Furias, las diosas de la venganza. Para contenerlas, instauraron los tribunales de justicia en la colina de Ares. Si los jueces no castigaban los crímenes ni resolvían los conflictos, entonces las Furias “descargarán la ponzoña del resentimiento y una horrenda y definitiva plaga caerá sobre la tierra”.

Naturalmente, el capítulo judicial de esta historia está demasiado verde como para enjuiciarlo. Sabemos que hay cientos de detenidos, algunos formalizados y que aumentó el número de detenciones ilegales a un 7%. Todo ello es esperable en un contexto de caos.

Lo interesante viene ahora. Como ciudadanos, las policías, los fiscales, los defensores y los jueces participan del desacuerdo y la confusión, pero en cuanto intervinientes en el proceso deben actuar conforme al estándar de la justicia, que mantiene la vigencia del pacto social e impide que las partes se arrojen unas sobre otras en busca de revancha.

De aquí que resulta muy relevante que se aclaren los excesos policiales, restableciéndose el compromiso del Estado chileno con los derechos humanos. En ese sentido, ha hecho bien el gobierno en convocar la presencia de las organizaciones de derechos humanos, así como el anuncio de que entregarán los antecedentes a la fiscalía. Toda forma de ilegalidad debe ser castigada, o se corre el riesgo de que la ilegitimidad del poder gangrene a todo el cuerpo estatal, incluidos los propios jueces.

Pero también es importante que los incendios y los actos de vandalismo no queden impunes. Si todo el espectáculo de anarquía y vandalismo es barrido debajo de la alfombra, se deslegitima el sistema procesal penal, del cual los jueces de garantía también son parte.

La violencia ─y no sólo las demandas sociales─ debe ser procesada y contenida por la institucionalidad, resguardando las garantías procesales, obviamente, pero demostrando la efectividad de la justicia. A los jueces les conviene recordar que, a diferencia suya, las Furias no son particularmente garantistas.