La hora del Fiscal Nacional

José Miguel Aldunate

El Fiscal Nacional Jorge Abbott es el gran desaparecido de la actual crisis. Pero luego del anuncio de que 26 imputados por saqueos recibirán salidas alternativas, apareció ─¡al fin!─ para responder los cuestionamientos.

Primero, apuntó de vuelta a sus críticos, diciéndoles que antes habían defendido delitos de cuello y corbata. Segundo, que no se puede “criminalizar a un movimiento social legítimo”, debiendo perseguirse al “pequeño grupo de personas que son los que comenten los desmanes”, y no “al manifestante o a la persona que comete un delito de oportunidad y que no tiene antecedentes anteriores”.

Por supuesto, las razones del Ministerio Público para acceder a las salidas alternativas ─la debilidad de las pruebas y la falta de antecedentes penales previos─ son atendibles y, en cualquier caso, se invocan dentro del ámbito de sus facultades. En cambio, los comentarios del Fiscal Abbot son muy cuestionables.

En cuanto a lo primero, habría que recordarle que dos males un bien no hacen. ¿Es que acaso la impunidad de los delitos de cuello y corbata justifica la impunidad de los saqueos? Los abogados particulares están en su derecho de defender a sus clientes. No así la Fiscalía. Si lo que busca es la simpatía de los manifestantes, le conviene irse con cuidado, porque a éstos no se les olvida que el encargado de perseguir los crímenes ─ya sean saqueos, evasiones tributarias o colusiones─ es el propio Ministerio Público.

En cuanto a lo segundo, no es tarea del Fiscal Nacional comentar sobre la legitimidad de las manifestaciones ni especular sobre el tamaño de los grupos violentistas. Si éstos son tan “pequeños”, como él dice, ¿a qué se debe que el país contemple una verdadera catástrofe en materia de orden público?

Es obvio que presenciamos una crisis institucional severa. Ni los jueces, ni los fiscales, ni las policías deben actuar buscando el favor del público. Al contrario, su tarea es cumplir lo mejor posible su misión institucional, desentendiéndose de la ruidosa marea de opiniones disonantes que asolan los medios y las redes sociales.

Más aún, el orden público también es una demanda social, si bien una que no marcha. Sólo quienes viven en barrios que no han sido desolados por el vandalismo y las barricadas son incapaces darse cuenta. Así como los ciudadanos reclaman de sus políticos mejores sueldos y pensiones, vuelven la mirada hacia jueces, fiscales y policías cuando piden más seguridad.

Cuando la crisis haya concluido, veremos quién estuvo a la altura. El Ministerio Público ha realizado más de 20.000 formalizaciones y ha obtenido índices razonables de prisiones preventivas. La pregunta es si quien lo dirige entendió que debía comunicar el trabajo de su institución con claridad y energía o, más bien, se camufló tratando de congraciarse con el descontento ciudadano. Aún es tiempo de enmendar el rumbo, pues la hora del Fiscal Nacional todavía no termina.