Fiscalía contra Mañalich: naufragio judicial

José Miguel Aldunate

La persecución penal contra Jaime Mañalich por cuasidelito de homicidio no tiene pies ni cabeza. Por una parte, al momento de los hechos nadie sabía ni podía saber qué había que hacer con la pandemia, haciendo imposible determinar la imprudencia de la conducta. De hecho, los que entonces exigían cuarentena nacional, hoy se tragan sus palabras al ver la situación sanitaria de Argentina. Por otra parte, la vinculación entre los actos del ex ministro de Salud y cada una de las muertes por Covid-19 está tan diluida entre miles de otros factores, que resulta imposible cumplir con ningún estándar penal en materia de causalidad.

Esto lo sabe cualquier abogado. También lo sabe, sospecho, Daniel Jadue, quien no obstante vio una oportunidad más de aprovechamiento político a costa de la justicia. Y lo sabe, porque tiene que saberlo, el Ministerio Público. Tanto por experiencia como por formación profesional, los fiscales tienen perfectamente claro que este proceso no puede prosperar judicialmente.

Entonces, ¿por qué la Fiscalía le presta tan rápido el cuerpo a la causa? Si un hecho puede revestir carácter de delito ─responden siempre los fiscales─ nuestro deber es investigarlo. Pero a quienes nos han entrado a robar a la casa, sabemos que no todos los delitos son iguales. Algunos delitos reciben mucha dedicación del Ministerio Público. En cambio, las víctimas de otros delitos podemos estar seguros de que pronto recibiremos una notificación de archivo provisional por falta de antecedentes.

En realidad, es normal que así sea. El Ministerio Público tiene recursos limitados y, de hecho, los fiscales viven quejándose del exceso de trabajo. No queda más que priorizar. Incluso, la ley autoriza al fiscal para abstenerse de toda investigación cuando los hechos relatados no son constitutivos de delito, como debiera ser este caso.

Habrá que concluir que la Fiscalía aprovechó la situación para ver si pilla alguna otra cosilla con qué incriminar al ex ministro. Para colmo de males, la investigación ha dado ocasión para que los fiscales a cargo enjuicien la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud, como si fueran epidemiólogos y expertos en políticas públicas en vez de penalistas.

Todo esto aumenta las sospechas de que muchos fiscales actúan por afán de figuración y motivaciones políticas. Aunque el Ministerio Público tiene instructivos que debieran guiar la política criminal, en la práctica a los ciudadanos nos queda poco claro cómo y en base a qué criterios se decide qué y a quiénes investigar.

En este sentido, poco importa la invocación de la autonomía del Ministerio Público. Al igual que con la independencia judicial, la autonomía no blinda a los fiscales de la crítica. Cuando, más encima, el órgano persecutor avala el comportamiento de los llamados “fiscales mediáticos”, la opinión pública queda doblemente autorizada para emitir juicios sobre sus actuaciones.

El naufragio judicial de la causa es probable. Cuando ello ocurra, quizás sea el momento para que la sociedad reflexione, de una buena vez, sobre las debilidades institucionales del Ministerio Público.