Regulación financiera: medios versus fines

Jorge Selaive

El próximo lunes estaremos digiriendo los resultados de un plebiscito histórico. Lo que pase este fin de semana muy probablemente mostrará cierta moderación del votante, teniendo efecto sobre una serie de variables financieras, que son tan importantes como la regulación que norma al sistema y que es parte del ecosistema del mercado de capitales.

El Congreso discute varios proyectos de ley que, casi sin excepción, pretenden ser un medio de protección o disminución del endeudamiento. Sin duda un fin encomiable, pero que tal como se está planteando sólo terminará empujando hacia la desbancarización, ocultando el endeudamiento o teniendo impactos negativos sobre el costo de endeudarse.

En 2011 me tocó presentar en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados evidencia sobre el impacto que una reducción de la Tasa Máxima Convencional (TMC) tendría en la bancarización, sobre todo en los grupos de menores ingresos. Las explicaciones técnicas poco ayudaron, pues igualmente terminamos con un mecanismo que ha dejado una enorme cantidad de personas sin acceso a crédito formal, a manos de un mercado no regulado, con tasas de interés de tres dígitos. Al poco tiempo, el mismo regulador bancario y el Banco Central daban cuenta de la enorme cantidad de personas desbancarizadas debido a esta ley. Hoy muchos parecen olvidar esa lección, y escudándose en la pandemia, algunos proyectos apuntan a una nueva reducción de la TMC en varios tramos de crédito, pensando que lo que fue malo en el pasado, esta vez será distinto.

Otras iniciativas en discusión afectan la calidad de la garantía hipotecaria. En términos simples, éstas buscan imposibilitar el embargo de una vivienda que no ha sido pagada en su totalidad. Lo que desconocen dichos proyectos es que la banca no busca ser corredor de propiedades, sino que el bien queda en garantía para, así, transformarse en un mitigante del riesgo de crédito y entregar mejores condiciones financieras para acceder a la vivienda. Estos proyectos tendrán como efecto inmediato un alza en las tasas hipotecarias –que hoy todos consideran tan atractivas–, un consiguiente aumento en los dividendos y, en definitiva, más costos para acceder a una vivienda. Si, por ejemplo, la tasa de un crédito hipotecario por UF 2.500 a 20 años sube de 2% a 5%, el dividendo aumenta 30%, obligando a que el período de ahorro aumente y/o se tenga que acceder a viviendas más económicas. Eso es sólo parte del dominó de efectos, pues impactaría también al sector construcción y al enorme empleo que éste genera.

Otros, en tanto, intentan postergar nuevamente el pago de cuotas de créditos de consumo, vivienda y PYME. Complejo, dado que la economía ha entrado en fase de recuperación creando empleos lentamente, y que las PYME están altamente cubiertas por los créditos FOGAPE. Estas medidas sólo drenarían liquidez del sistema financiero, cuando es lo que más se necesita -hoy como nunca- para apoyar la recuperación económica.

Finalmente, dentro de un conjunto amplio de proyectos en el ámbito de la protección al consumidor, también están aquellos vinculados a los seguros. Otra arista donde se requiere un mayor análisis técnico, dejando de lado las propuestas que parecen condescendientes con las miradas populares.

Desde que comenzó la pandemia, la banca se ha enfocado en ser parte de la solución y proactivamente ha implementado medidas de alivio para sus clientes. Para que eso continúe, es clave garantizar la estabilidad del sistema financiero.