La nueva región de Ñuble: un mero placebo

Jaime Lindh

A comienzos de este mes la región del Ñuble dio sus primeros pasos. Entre los anuncios y designaciones ha sido posible percibir una creciente expectativa sobre los efectos que este cambio podría provocar en las 21 comunas en que habitan cerca de 480 mil personas. Y probablemente esta expectativa aumente con el tiempo, en la medida que la nueva región vaya tomando forma y caras visibles. “Mayor descentralización” y “alcanzar un mayor desarrollo en la región” fueron conceptos repetidos en múltiples ocasiones, ¿pero fue ésta una medida efectiva para que el territorio alcance un desarrollo mayor?

Si bien en Chile hay muchas regiones con rezagos importantes (en el mismo Ñuble hay un 25% de pobreza multidimensional), replicar a una menor escala la actual forma de administración regional del Estado no es la solución adecuada. Para empezar, se asume un mayor costo en burocracia. Un estudio del Observatorio del Gasto Fiscal estimó que la creación de las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos implicó en 2016 un 26% y un 58% más de gasto en el funcionamiento de los respectivos gobiernos regionales.

Más allá de los costos administrativos, las principales dudas se centran en qué tan efectiva es esta alternativa para el objetivo de la descentralización. En rigor, la división de una región supone que, a mayor cercanía de las nuevas autoridades regionales, mejor será el gasto público en el territorio, en cuanto a una asignación de los recursos más equitativa y acorde con las prioridades regionales. Sin embargo, ¿cuánta incidencia tiene la actual institucionalidad regional sobre el desarrollo de los territorios? ¿Qué tanto mejor están Concepción o Valparaíso por el hecho de albergar al gobierno regional, en comparación con Chillán o San Felipe?

El punto central es que el desarrollo de las regiones está lejos de depender de la autoridad regional. En primer lugar, porque en cuanto a la inversión pública, la mayor parte proviene del gobierno central. Por ejemplo, según los datos de Chile Indica, durante 2017 en el Biobío la inversión de decisión regional fue de $119 mil millones, mientras que la sectorial alcanzó los $2.370 mil millones. En el resto del país pasa lo mismo. En segundo lugar, la autoridad regional no tiene una mayor incidencia porque –a consecuencia de lo anterior- tiene escasos instrumentos para atraer inversiones al territorio y fomentar la acumulación de capital humano. Las iniciativas de impacto regional dependen más bien de sectores como obras públicas y vivienda.

En definitiva, la división de regiones podría estar siendo un mero placebo al desarrollo territorial y a la misma descentralización. En contraste, es fundamental el desafío país que tenemos para la elección de intendentes de 2020: diseñar un marco institucional que entregue los incentivos correctos para que el futuro jefe regional no se convierta en otro operador político del sistema, sino que en un actor responsable y partícipe del desarrollo de su región.