DF Tax | Invitación a la duda

Christian Aste

El tenor de la reforma tributaria que impulsa el actual gobierno invita a preguntarse si ésta tiene por objeto mejorar la posición del apruebo, dividiendo a la ciudadanía entre quienes se opondrán a dichas reformas (los ricos de siempre, que seguramente votarán rechazo) y los pobres para que se convenzan que los ricos no los quieren y se decidan votar apruebo, toda vez que no hay nada en ella que se corresponda con la realidad económica que hoy vivimos.

Es más, los números que consignan como base de su proyecto no son consistentes. Chile en el impuesto personal paga un 81% menos que el promedio OCDE, y lo hace porque la gente en su mayoría -más del 75%- gana muy poco, o está en la informalidad. Sin embargo, y pese a esa evidencia, se quiere gravar aún más al 3% de la población, que son los que soportan casi toda la carga tributaria de las personas. Se obra así, con el pretexto de que ganan mucho, sin considerar que por la misma riqueza el emprendedor paga harto más que el burócrata y eso por las características operativas del sistema.

“Se rigidiza la Norma Antielusiva, se flexibiliza el acceso al secreto bancario, se modifican las normas de preclusión administrativa, se cambian las reglas de tasación, se incorpora al denunciante anónimo, lo que solo ampliara la inequidad, porque la gente se encerrará en sus círculos de confianza, y se amplían las penas. Nada en beneficio del contribuyente”.

En vez de corregir esas deficiencias, y ajustar la norma Pyme que impide a una sociedad que participa como socia de ella, beneficiarse de lo que significa ser Pyme, y corregir la norma de relación que impide que un no Pyme participe como socio financista de una Pyme, y garantizar una equidad horizontal, en términos tales de que por la misma riqueza percibida todos paguen lo mismo, el proyecto profundiza la inequidad, castigando el ahorro que es la base del crecimiento, con una tasa de diferimiento del 1,8%. Aumenta radicalmente la brecha que ya existe entre el dueño de una no Pyme o dueño de una sociedad que es dueña de una Pyme, con el dueño directo de una Pyme y sobre todo con el trabajador dependiente, ya que el sistema para ellos se desintegra y el Impuesto pagado por la empresa no se recupera.

Es más, cuando ese contribuyente retire tendrá que pagar una tarifa plana de un 22%. Misma que quieren imponer a las transacciones bursátiles, con el evidente efecto de herir de muerte al mercado de capitales.

Conjuntamente con estos cambios, y como si fueran pocos, se quiere imponer un impuesto a los súper ricos, sabiendo o debiendo saber que no recauda (menos del 0,5% promedio OCDE) y que su aplicación produce fuga de capitales (Francia). Sin embargo, y para contrarrestar este efecto, se les indica como buena noticia que no deben preocuparse porque podrán imputar ese mayor impuesto a la tasa de diferimiento, cuestión que ningún otro contribuyente podrá hacer.

Sin embargo, y como si todas las medidas anteriores no bastaran, se retrocede en lo que el país avanzó en lo que respecta a los derechos de los contribuyentes. En efecto, se rigidiza la norma antielusiva, se flexibiliza el acceso al secreto bancario, se modifican las normas de preclusión administrativa, se cambian las reglas de tasación, se incorpora al denunciante anónimo, lo que solo ampliara la inequidad, porque la gente se encerrará en sus círculos de confianza, y se amplían las penas. Nada en beneficio del contribuyente.

Por todo lo dicho, es que me pregunto si el gobierno está jugando con la economía y usándola para ganar el plebiscito, porque evidentemente que el tenor de esta reforma no se condice con lo que el país necesita para activarse, y que es mayor ahorro e inversión.